TEXTOS Y CONTEXTOS

Arte político y territorio: la Sierra de San Miguelito a través de tres proyectos artísticos

Political Art and Territory: the Sierra de San Miguelito through three Artistic Projects

Resumen

Pretendemos reflexionar sobre las posibilidades del arte actual como estrategia para incidir en una coyuntura política al revisar la experiencia de lucha en San Luis Potosí, México, contra las desarrolladoras inmobiliarias y el desenfrenado crecimiento industrial que han devastado sistemáticamente los recursos naturales y desplazado a comunidades de sus lugares de origen por medio de fraudulentas estrategias legales. Partimos de que si bien la resistencia política por medio de protestas, manifestaciones y defensa jurídica ha obtenido conquistas importantes, el arte permite visibilizar la problemática e incidir de manera contundente en esta circunstancia.

Abstract

The purpose of this article is to reflect on the possibilities of art as an strategy to influence the current political situation. Check out the fighting experience in San Luis Potosí, Mexico, where real estate developers and unbridled industrial growth have systematically devastated natural resources and displaced communities from their places of origin through fraudulent legal strategies. We propose that in a context in which although political resistance through protests, demonstrations and legal defense has obtained important conquests, art is a strategy that makes visible the problem and has a strong impact on the current political situation. We will focus on the case of the defense of the Sierra de San Miguelito, San Luis Potosí, which has become an emblematic movement of resistance to the ravages of neoliberalism exacerbated at the local level but with national and transnational interests.

José Antonio Motilla Chávez historiador, crítico y curador antonio.motilla@uaslp.mx Valeria Herrera de Regil artista valeriaderegil.hr@gmail.com Emilia Martínez López artista emilyjune1406@gmail.com

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Introducción

En 1939 Norman Bel Geddes diseñó Futurama, exhibición que mostraba imágenes de cómo supuestamente sería el mundo treinta años en el futuro. Los paisajes de Geddes mostraban largas autopistas automatizadas y suburbios distendidos, producto de la motorización de la ciudad y la facilitación de la movilidad. Es importante mencionar que Futurama fue financiada por General Motors. ^[1] Ya sea como un ejercicio artístico de predicción e imaginación, o como estrategia publicitaria, podemos vislumbrar que desde aquellos días se comenzaba a contemplar un fenómeno que hoy en día es observable a escala global y que quizás en ese momento no fuera concebido como una amenaza al territorio y a sus habitantes: el desmedido desarrollo urbano.

Por lo menos desde el comienzo del siglo XXI San Luis Potosí comenzó a vivir la utopía imaginada por Bel Geddes. En casi dos décadas la ciudad ha crecido sustancialmente a partir de un aumento considerable en la industrialización de su zona metropolitana. Según datos del Plan de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí 2000-2020 (PDUSLP), elaborado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el estado contaba en 1999 con una población que rebasaba los dos millones trescientos mil habitantes. Con una tasa de crecimiento poblacional de 0.99 % hasta 2003 y 0.65 % hasta 2010, se estimó una población de 2,536,079 habitantes para dicho año, predicción que lo recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) han confirmado. ^[2]

La más alta concentración demográfica se encuentra en el área metropolitana, con 33 % del total viviendo en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez; el 46.1 % de la población restante se distribuye en poblaciones de menos de 5 000 habitantes según datos de 1999, lo que evidencia una notable desigualdad en cuanto desarrollo económico, y por lo tanto falta de servicios básicos como salud, alumbrado público y seguridad social.^[3]

Esta enorme desigualdad ha detonado cambios sustanciales en las zonas aledañas a la urbe. Históricamente marginadas y empobrecidas, han sido paulatinamente ocupadas por desarrolladoras inmobiliarias en búsqueda de nuevos terrenos para la expansión de la ciudad, por los cuales ofrecen cantidades muy bajas a sus propietarios pero que ya urbanizadas aumentan sustancialmente su precio.

Una de las soluciones planteadas en el PDUSLP para eliminar los problemas inherentes a la polarización del desarrollo económico y poblacional en el estado es centrarse en las posibilidades que “los diversos tratados de libre comercio” pudiesen haber brindado en cuanto desarrollo económico, aunque resulta desalentador observar que son de hecho las libertades que han otorgado dichos tratados, en cuanto a la utilización del territorio, las que han legalizado la explotación irracional de los recursos naturales por parte de los grandes empresarios tanto locales como extranjeros.

Como resultado de los referidos acuerdos comerciales y las facilidades que los diferentes niveles de gobierno ofrecen a las compañías trasnacionales, San Luis Potosí se ha convertido en un polo de inversión industrial especializado en la producción automotriz. En 2008 General Motors inició operaciones en su planta armadora de Villa de Reyes, a 35 kilómetros de la capital potosina, en terrenos que le fueron facilitados por el gobierno del Estado en las faldas de la Sierra de San Miguelito, es decir, próximas a un área natural protegida.

Los proyectos neoliberales dentro de las zonas urbanas son el reflejo del panorama desigual entre la sociedad. Se hace visible así quién tiene más poder y cómo la ciudad se convierte en terreno para las formas capitalistas de destrucción. Prueba de ello es que debido a la urbanización los asentamientos irregulares masivos de población se convierten en espacios en disputa, como lo describe Jan Bazant:

Los pueblos rurales aislados en torno a la mancha metropolitana presentan un polo de atracción hacia el cual tiende la expansión de las periferias, aunque inicialmente estos pueblos crezcan sólo para dar cabida a sus propias necesidades demográficas. Los 10 kilómetros o más que los separan de la mancha urbana constituyen una barrera natural (y económica) que los mantiene aislados y con crecimiento estable. Pero cuando la mancha urbana se expande hacia ellos, principalmente a lo largo de la carretera que los une con la ciudad, rápidamente se transforman en receptores de nuevos asentamientos.^[4]

Esta urbanización trae consigo los establecimientos irregulares en áreas naturales, así como también reformas y leyes que respondan a este fenómeno. Tal es el caso de la Ley Agraria, que señala en su artículo 87: “Cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse dela urbanización de sus tierras”. ^[5] Lejos de que se beneficie la población ejidal o comunal lo hacen las empresas inmobiliarias ante el crecimiento acelerado del centro urbano y la oportunidad de hacerse de grandes extensiones territoriales a precios muy bajos.

Para reforzar la expansión de las tierras en 1992 el ex presidente Carlos Salinas de Gortari reformó el artículo 27 para permitir que las tierras ejidales y comunales que antes se incorporaban al desarrollo urbanomediante el mercado ilegal puedan comercializarse de manera ordenada. ^[6] A fin de responder a esto y al crecimiento urbano, en 1996 el gobierno federal implementó el Programa de Incorporación de Suelo Social al Desarrollo Urbano (PISO), que tenía como fin comercializar 150 mil hectáreas en cuatro grandes zonasmetropolitanas y 116 localidades. ^[7]

Ese mismo año en la ciudad de San Luis Potosí —parte del PISO— el desarrollador inmobiliario Carlos López Medina, mejor conocido por el apodo de “El Chato”, junto con el gobierno del estado constituyó tres empresas inmobiliarias ejidales en un área de 832 hectáreas: Desarrollo del Pedregal, Residencial La Tenería y Lomas de la Garita, haciendo de lado la legislación agraria, saltando los permisos de uso de suelo y utilizando la corrupción a su favor.^[8] Es importante señalar que hoy en día estos desarrollos son algunas de las áreas habitacionales con mayor plusvalía y en donde el precio de la tierra es de los más elevados en la capital potosina.

Los empresarios involucrados en estos negocios cuentan con capitales sólidos que les permiten una alta influencia en materia política que facilita el apoderarse de las tierras a toda costa a precios bajos e incluso ridículos, sin importar si el territorio en cuestión es un área natural protegida, una zona de recarga del acuífero de San Luis Potosí o tiene elementos o características de carácter patrimonial, como el contar con vestigios arqueológicos.

En este tenor, y como parte de la estrategia empresarial de estas compañías inmobiliarias, un grupo de inversionistas potosinos formaron en 2009 una sociedadanónima denominada Espacios en el Horizonte S. A. de C. V. ^[9]

Esta sociedad busca apropiarse de una superficie de más de 14 mil hectáreas^[10] al sur de la ciudad de San Luis Potosí, específicamente las tierras de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, espacio declarado Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y Recarga (AN-PPRE) según el Plan de Centro de Población Estratégico San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez de 2003. ^[11]

En la actual coyuntura que vive México, en la que la inseguridad y la violencia han transformado el estilo de vida de la población, las empresas constructoras han aprovechado esta situación de emergencia para ofrecer desarrollos inmobiliarios en espacios cerrados, a manera de guetos urbanos, en los cuales la población de alta capacidad económica puede adquirir viviendas a precios muy altos a cambio de seguridad privada, acceso controlado y por supuesto del “estatus” de vivir en zonas “privilegiadas”.^[12]

La historia de conflictos por despojo y venta ilegal de tierras en la comunidad de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y áreas inmediatas ha sido una constante por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX. Esto ha llevado a la confrontación directa entre dos grupos de comuneros; por un lado los que buscan vender sus tierras a pesar de los bajos precios que las compañías inmobiliarias les ofrecen, identificados como Los Juanes Perreros, y por el otro el grupo comunal Emiliano Zapata, quienes se oponen a la venta o fraccionamiento de la propiedad y defienden la conservación de la Sierra de San Miguelito como área natural protegida. ^[13]

La defensa de la tierra tiene una amplia tradición en la zona. En julio de 1997 don Pedro Jasso, comunero de San Juan de Guadalupe, en compañía de su burro El Caparro emprendió un viaje hasta el Zócalo de la Ciudad de México con el fin de realizar un plantón para que el gobierno atendiera su demanda en contra de la venta ilegal de las tierras por el grupo Los Juanes Perreros, a quienes demandaba y pedía su encarcelamiento. También solicitaba la libertad de su hijo Margarito Jasso acusado de despojo comunal y robo.^[14]

Después de más de un año de protesta, y tras conseguir la liberación de su hijo, Jasso regresó a San Luis Potosí. En 2003 recurrió a la misma estrategia, ahora montando al burro nieto de El Caparro: “vengo a defenderlas tierras de los comuneros de San Juan de Guadalupe”. ^[15]

Don Pedro Jasso en el Zócalo de la Ciudad de México, <http://www.buzos.com.mx/revhtml/r614/slp4.png>.

A lo largo de la historia del conflicto los diferentes niveles de gobierno han fungido como facilitadores para el cumplimento de los intereses de los desarrolladores. La actual administración municipal, encabezada por Xavier Nava Palacios, hizo entrega del Plan Parcial de Desarrollo Urbano a la Procuraduría Agraria, que incluye un estudio de la zona donde se busca imponer el proyecto inmobiliario de la Reserva San Luis S. A. de C. V., denominado Las Cañadas, que en sociedad con Espacios en el Horizonte y lainmobiliaria Chinancalli ^[16] realizarán en San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito. Las Cañadas consta de un polígono de 2 mil 69 hectáreas, mismas que no se incluyen dentro del decreto del Área Natural Protegida firmado por el gobernador del EstadoJuan Manuel Carreras. ^[17]

Polígono de las 2 mil 64 hectáreas que pretende adjudicarse el proyecto inmobiliario Reserva, fuente: Valeria de Regil.

Proyecto Reserva, documento en poder del asesor legal de comuneros en oposición, Carlos Covarrubias.

Entre otras irregularidades, este proyecto carece del permiso de cambio deuso de suelo. Buscan comprar las tierras comunales a un valor de $83.63 el metro cuadrado con ganancias a los empresarios de 60 % y 40 %. ^[18] Al no contar con este permiso, el gobierno, en evidente complicidad, ha invertido alrededor de 13 millones de pesos en infraestructura hidráulica, pavimentación y drenaje dentro del territorio de Tierra Blanca perteneciente a la comunidad de San Juan de Guadalupe, obras que benefician al proyecto, y no sólo eso, incluso se ha elaborado un plan para convertir en delegación Tierra Blanca a fin defacilitar el cambio de uso de suelo. ^[19]

Aun en este panorama la resistencia de los comuneros sigue en pie, y la sociedad y grupos activistas han mostrado el apoyo a la causa. Uno de los frentes que se ha vuelto protagonista de la problemática ha sido Comunidad de San Juan de Guadalupe en Resistencia, que a través de su perfil en Facebook da a conocer la problemática mediante noticias, videos y fotografías. También convoca a la sociedad a participar en la recolección de firmas, asistir a ruedas de prensa, hacer presión en las sesiones delCongreso del Estado y otras actividades. ^[20]

Hoy en día, y a pesar de la oposición referida, los empresarios tienen todo listo para imponer su proyecto aún sin tener las tierras en su poder. Para ello siguen agendando asambleas y juntas con los comuneros para convencerlos. No obstante las cantidades ofrecidas por los desarrolladores y las estrategias de presión para que los opositores acepten, el conflicto sigue. En su conferencia matutina del jueves 15 de agosto de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al conflicto diciendo que “hay muchos intereses de las inmobiliarias, pero ya no es el tiempo de antes, ahora el único amo es el pueblo, ya el gobierno no está al serviciode una minoría rapaz como era antes, ya cambiaron las cosas”. ^[21]

Arte político

En la actual coyuntura política por la que atraviesa San Luis Potosí ha emergido una serie de proyectos artísticos que buscan denunciar el intento de explotación de la Sierra de San Miguelito. Si bien en el estado no existe una tradición de producción de arte político o artivismo, estos proyectos pretenden insertarse en la lógica del arte útil que propone Tania Bruguera al perseguir incidir de manera puntual en la coyuntura y proponer “que el espectador cuestione el sistema en el que se sumerge y encuentre lasolución indirecta”. ^[22] Son obras que no juegan solamente dentro de la dimensión estética, sino buscan que el espectador se descoloque, reflexione y caiga en cuenta de que los problemas señalados no le son ajenos.

En 2 mil 64 hectáreas Valeria de Regil proyectó en un mapa de la ciudad de San Luis Potosí el polígono que abarca el proyecto inmobiliario Reserva y lo desplazó al sur de la zona metropolitana para evidenciar su impacto. Marcó en cada una de sus aristas una “mojonera” construida con piedra traída de las faldas de la sierra, similar a las pintadas con cal por las inmobiliarias para delimitar el terreno que buscan apropiarse. Estas piedras están acompañadas por una imagen del polígono trazado sobre San Luis y una serie de preguntas que buscan provocar al espectador: “¿qué harías si te despojan de tu propiedad? ¿Venderías el sitio que transitas a $85 m2? ¿Qué pasaría si mañana sólo quedan cenizas de lo que ahora ves?”.

Polígono del proyecto 2 mil 64 hectáreas de Valeria Regil.

Registro en video de 2 mil 64 hectáreas de Valeria Regil, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=NlnKL3WoXCI&t=”>.

Registro en video de 2 mil 64 hectáreas de Valeria Regil, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=NlnKL3WoXCI&t=”>.

La obra de Regil permite dimensionar el impacto que el proyecto de los desarrolladores inmobiliarios tendrá en el territorio al trasladar a la mancha urbana de la capital potosina el amplio polígono que los empresarios buscan obtener a precios ridículos. Con esta acción el ciudadano de a pie es capaz de vislumbrar en el espacio en el que vive su cotidianeidad las consecuencias que tendrá el proyecto.

A mediados de abril de 2019 un gran incendio abatió la sierra de San Miguelito por aproximadamente un mes. Se presume que fueron incineradas alrededor de 4 mil 500 hectáreas. Mientras el fuego avanzaba con fuerza catastrófica el territorio seguía en disputa económica, el calor en la ciudad se hacía insoportable, el aire más pesado y los campesinos y brigadistas arriesgaban la vida para apagar las llamas.

En medio de esta fuerza destructiva, Nahúm Delgado —joven artista adscrito al colectivo Taller Ventilador— realizó una caminata que comenzó en las faldas de la sierra aún a salvo del fuego, y terminó en una de las principales avenidas de la capital potosina. De esta caminata surgió un registro en video que muestra la imponente masa de humo que se extiende por el cielo en contraposición con imágenes serenas de la naturaleza intacta, y finaliza en una calle concurrida en donde podemos ver a los transeúntes indiferentes ante la fuerza amenazadora del fuego aun cuando amenazaba con extenderse a la ciudad.

La pieza nos invita a reflexionar sobre la cercanía del caos, la fragilidad de la vida ante fuerzas incontrolables. ¿Cómo afecta en nuestra vida cotidiana la catástrofe? ¿Cuándo es momento de dejar la rutina, de pausar la máquina para encargarnos de lo urgente?

Nahúm Delgado, Marcha a la Sierra, 2019.

Este ejercicio es parte de un proyecto más amplio que se vale del periodismo, la fotografía y la multimedia para replantear la vida y explotación del territorio, pero sobre todo para enunciar y denunciar el abuso por parte de los empresarios del suelo y sus habitantes. Dentro de este proyecto el artista ha emprendido acciones como la proyección de una imagen satelital en la que se percibe un estacionamiento enorme, situado en las faldas de la sierra, en donde se resguardan los autos producidos por la General Motors.

También llevó a cabo una publicación periodística en donde se denuncia el establecimiento de desarrollos inmobiliarios en un territorio altamente contaminado, robado y ultrajado. Se exhibe la deuda que tiene el Parque Industrial Logistik con los comuneros de San Juan de Guadalupe, que asciende a los 30 millones de pesos, así como la responsabilidad de las autoridades municipales y estatales al permitir el uso y el abuso indiscriminado de los recursos humanos y naturales a través de tratos fraudulentos con los empresarios.

La más reciente actualización de este proyecto fue una obra performática que se realizó como parte del colectivo Taller Ventilador, en la que se llenaron bolsitas de celofán que contenían tierra recolectada de la sierra. Las bolsas se etiquetaron como si fueran un producto comercial con la inscripción “Tierra de la Sierra de San Miguelito, a sólo 50 centavos”, cantidad a la que las empresas inmobiliarias buscan comprar las tierras de los comuneros. Delgado cuestiona puntualmente hasta qué punto tiene sentido el aclamado “desarrollo urbano”, tan celebrado por los empresarios y políticos, y cómo es que ellos son los únicos beneficiados, pero sobre todo levanta la voz para que la población en general comparta dicha indignación y se sume al ímpetu de resistencia.

Taller Ventilador, Registro de tierra de la Sierra de San Miguelito a sólo 50 centavos, 2019.

Finalmente, Y sin embargo, seguimos es una pieza curada por José Antonio Motilla y producida y realizada por La Productora (Carlos Guevara y Luis Sánchez Leija “Baa”) con la colaboración del Taller Ventilador (Karla Oliveros y Nahúm Delgado). Consiste en un tablero de 3.60 por 2.50 metros, montado sobre un soporte de madera de 80 centímetros de alto y que en conjunto ofrece una estética de un espectacular antiguo (aproximadamente de la década de 1950).

La pieza propone la posibilidad de entablar una serie de lecturas sobre la dinámica que históricamente ha seguido San Luis Potosí a lo largo de más de cinco siglos de historia. Se parte de la apropiación del Mapa de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas, que representa una fracción del Valle de San Francisco, hoy Villa de Reyes, San Luis Potosí; San Felipe, Guanajuato; Ojuelos, Jalisco, y San Miguel el Grande, hoy de Allende. El mapa fue elaborado hacia 1580, es decir, en años previos a la fundación del pueblo de españoles de San Luis Minas del Potosí de la Nueva España; así, refleja las tensiones en el territorio en disputa en un contexto de guerra.

El documento en cuestión representa una serie de caminos, intervenidos por los artistas por medio de una serie de luces led, en los cuales, con un dispositivo arduino, se sintetizaron alrededor de 13 500 registros históricos provenientes en su mayoría del Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí. Los datos fueron agrupados en cortes temporales de cincuenta años cada uno, partiendo de 1592 a 1821, manifiestos en impulsos o frecuencias en los leds de la siguiente manera: en color rojo los datos relativos a procesos judiciales, en azul la documentación administrativa relativa al gobierno, en verde los protocolos notariales y registros de Real Hacienda. Finalmente, en color magenta, y por medio de un elemento que irrumpe en el mapa al representar la pieza misma, se presenta una lectura del comportamiento de la economía regional en el periodo comprendido de 1821 a 2017.

Registro de Y sin embargo, seguimos.

Registro de Y sin embargo, seguimos.

Y sin embargo, seguimos ofrece al espectador un texto que puede ser abordado desde lo histórico, lo ecológico, lo económico, lo ambiental o lo cultural, y nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la construcción de un territorio, mismo que hoy en día, a más de cinco siglos de distancia, sigue en disputa.

Conclusiones

Las experiencias artísticas en cuestión permiten imaginar posibilidades, caminos, descolocar al espectador y llevarlo a dimensionar las consecuencias que puede tener un proyecto como el impulsado por las inmobiliarias. En un contexto local en el cual la ciudad y sus alrededores han sido víctimas sistemáticas de la imposición de proyectos extractivos que producen el desplazamiento forzado de los habitantes de los espacios en disputa, y que lo único que logran es enriquecer a los grupos empresariales, la irrupción de estos proyectos artísticos supone una estrategia para visibilizar la problemática y concientizar a la población.

Estos proyectos artísticos pueden ser considerados como indiciarios de un movimiento que si bien cuenta con importantes exponentes a escala nacional y latinoamericana, en el caso potosino busca abrirse paso y hacer presencia en la coyuntura actual para evidenciar y poner sobre la mesa la problemática que se enfrenta.

Dentro de la historia de la resistencia y la lucha social, San Luis Potosí cuenta con antecedentes de gran relevancia con un peso importante en el imaginario colectivo. Por ejemplo, el caso de Cerro de San Pedro, en donde la compañía Minera San Xavier, de capital canadiense, mediante el contubernio con autoridades de los tres niveles de gobierno y con el pacto con grupos empresariales locales destruyó el mencionado cerro mediante el altamente contaminante sistema de explotación a cielo abierto y beneficio por medio de lixiviación con cianuro.

A pesar de los importantes logros de la resistencia por parte de la sociedad civil organizada y de la puntual defensa legal en materia agraria y fiscal-administrativa, la compañía logró operar y destruir el emblema del estado de San Luis Potosí, es decir, el escudo de armas del Estado fue mutilado al desaparecer el emblemático cerro sobre el cual se asentaba San Luis Rey de Francia.

En este tenor, ¿qué posibilidades le quedan a la sociedad civil organizada para buscar contrarrestar los embates del neoliberalismo exacerbado que busca a toda costa apropiarse del territorio? Posiblemente estas experiencias de arte político permitan vislumbrar otros caminos ante la emergencia de productores artísticos que buscan que sus obras trasciendan una experiencia meramente estética y buscan incidir en la coyuntura de una u otra forma.

Si bien las victorias de los movimientos que históricamente han resistido a proyectos neoliberales como los analizados en este artículo han sido de carácter simbólico, alimentan y refuerzan la memoria colectiva de la resistencia, es decir, forman parte de su imaginario como procesos fundamentales para la historia de sus luchas, misma que permite vislumbrar las posibilidades de imponerse sobre los proyectos extractivos.

Así, estas experiencias artísticas, que abordan la realidad desde una perspectiva crítica, pueden funcionar como una recurso subversivo al cuestionar el statu quo, los mecanismos y prácticas depredadoras de las empresas inmobiliarias, la complicidad de las autoridades y la destrucción ambiental y cultural de estos proyectos que sólo buscan la acumulación irracional de capital al ofrecer ilusiones y estatus a las personas con posibilidades económicas.

Estas prácticas cobran sentido no únicamente en cuanto piezas artísticas sino como experiencias políticas, elementos detonadores de un ejercicio de la memoria de la resistencia, recordatorios para la sociedad en general de los alcances y la destrucción de este tipo de proyectos.

Imágenes