Cultura y arte, revisión y expectativas

Texto presentado el 4 de julio de 2007 para la consulta pública sobre la reforma del Estado convocada por el Senado de la República, México.

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ALBERTO ARGÜELLO GRUNSTEIN • MAESTRO EN ARTES VISUALES
Investigador del Cenidiap
argrunstejn@yahoo.com.mx

Al hablar de la cultura y el arte en México una referencia obligada es aludir al intelectual y político José Vasconcelos. En los años veinte del siglo pasado, cuando fungió como titular de la recién creada Secretaría de Educación Pública en el periodo presidencial del general Álvaro Obregón, impulsó la educación popular, trajo a México educadores y artistas destacados, creó numerosas bibliotecas populares y los departamentos de Bellas Artes, Escolar y de Bibliotecas y Archivos; reorganizó la Biblioteca Nacional, dirigió un programa de publicación masiva de autores clásicos, fundó la revista El Maestro, promovió las escuelas rurales y las Misiones Culturales, promovió la celebración de la Primera Exposición del Libro y patrocinó el naciente movimiento muralista. En esos años difíciles fue capaz de concebir a la cultura y las artes como integrantes de un gran aparato transformador que habría de contribuir a la reconstrucción y modernización del país, luego de la guerra civil que había causado un millón de muertos, infraestructura destruida y un enorme desmantelamiento de instituciones y empresas. Habiendo llegado a las altas esferas de la política en ese momento cumbre de la efervescencia popular que acompañó a la Revolución mexicana, pudo restituir como secretaría de Estado al porfiriano Ministerio de Educación e Instrucción Pública que había sido desmantelado en 1919, para dar lugar a un proyecto de federalización de la educación.

En alguna ocasión Vasconcelos señaló que “un ejército de constructores” habría de sustituir al “ejército de destructores” que había protagonizado la etapa armada de la Revolución. Así, actuó en consecuencia. Su proyecto educativo y cultural contó con todo el apoyo presidencial quien le asignó, al parecer, el presupuesto que ha sido considerado el más alto en la materia en la historia reciente de México (el 7%). Tan visionario fue su modelo educativo, cultural y artístico que fue continuado durante más de cincuenta años por distintos gobiernos emanados de la Revolución. No sólo proyectó en el ámbito mundial a las artes plásticas mexicanas, sino que tuvo incidencia en otras artes: la música, la danza, la literatura y el teatro nacionalistas son ejemplo de ello. Además, mediante las Misiones Culturales cientos de maestros, instructores de salud pública, capacitadores para trabajo y artistas recorrieron diversos estados de la República llevando la buena nueva del conocimiento laico, científico y revolucionario. Modificado, renovado, reciclado, ese modelo es, a grandes rasgos, el esquema general que se ha seguido aplicando en México con algunos añadidos posteriores.

Por esto último, es justo precisar que para los fines de este documento es necesario delimitar los campos de la cultura y las artes como tópicos sociales que son materia de las políticas públicas, particularmente de las políticas culturales, con lo que adquieren un estatuto válido y relevante dentro de las ciencias políticas. Al hablar, entonces, de desarrollo cultural en México, es preciso tomar en cuenta que nos estamos refiriendo a un ámbito del quehacer social y político que está cruzado por diversas iniciativas que no sólo competen al gobierno, sino también a otros actores interesados en la materia, de manera directa o indirecta.

Pese a ello, las políticas culturales recientes han pecado de contar con una estrechez de miras que las han arrumbado en el último sitio de las preocupaciones gubernamentales. Ello ha acarreado repercusiones que ya se han visto surgir en los últimos años del siglo XX y en estos primeros años del tercer milenio. Una voz muy autorizada en el campo de la cultura, el escritor Carlos Fuentes, señaló en una ocasión (en un ensayo titulado Tiempo mexicano) que: “El desarrollo moderno de México se ha entendido como un hecho suficiente, bueno en sí, ajeno a todo calificativo cultural. Por eso, finalmente, ha sido un fracaso”.

Y esto es, justamente, lo que ha ocurrido en los últimos sexenios presidenciales. El desarrollo y la modernización del país se han concebido en términos meramente económicos dando prioridad a la estabilidad de los indicadores financieros y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Desde 1982, cuando los herederos de la Revolución mexicana dieron el fuerte viraje neoliberal, se comenzó a sentir con mayor rigor el hecho de que el fortalecido sector financiero cobraba mayor poderío. El sexenio del presidente José López Portillo, considerado como el último arrebato de nacionalismo (con la nacionalización de la banca), dio paso a las presidencias de De La Madrid, Salinas, Zedillo y Fox, en las que no sólo se reprivatizó la banca mexicana, sino que se desnacionalizó, al igual que el gran comercio y múltiples empresas que eran “orgullosamente mexicanas” (La Azteca, la mayoría de los bancos, ferrocarriles, Maizoro, refresqueras, etcétera), en una línea continua que ha cedido soberanía a favor de una nueva élite de empresarios que mantienen sólidas vinculaciones con empresas trasnacionales.

En este modelo neoliberal se dio cauce a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en el sentido de adelgazar al sector público, privatizar empresas paraestatales y reducir gastos en sectores considerados superfluos o ineficientes. En este paquete se encuentran los recursos destinados a instituciones que dependen de la inversión pública como lo son el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), al lado de otras abocadas a la educación y la investigación.

En el caso del presidente Fox, desde un principio su gobierno dio señales de que las materias de cultura y arte eran de interés secundario, dejando ver que, por decir lo menos, se tenía una estrecha visión sobre este particular. Nunca se contempló, como debe hacerse a futuro, que la cultura es un bien esencial y que la dimensión cultural es necesaria para la vida en sociedad, al mismo nivel que las dimensiones social, política y económica, como lo demostró en su momento José Vasconcelos.

El derecho a la vida cultural, como se le denomina en otras latitudes, particularmente en Francia, forma parte de los derechos de la persona y es por esto que la actividad cultural debe ser accesible a todos los ciudadanos. Que la cultura y las artes no fueron prioridad para el sexenio 2000-2006 fue muy notorio, pues el presidente Fox, “ranchero” y “empresario” (ex presidente de la Coca-Cola en México), llegó a ser foco del escarnio público (nacional e internacionalmente) al constatarse que era un hombre inculto, insensible en la materia y desconsiderado respecto al medio cultural mexicano. Su insensibilidad se materializó desde el principio del sexenio al haber nombrado como directora de la máxima estructura gubernamental (el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta) creada por decreto de Carlos Salinas de Gortari para atender los asuntos de la cultura y las artes, a una conductora de televisión de bajo perfil cuyo principal mérito era tener amistad con la entonces vocera de la Presidencia de la República, Martha Sahagún, y después esposa del primer mandatario.

Desde ese momento los intelectuales que pudieron haberse ocupado del Conaculta tomaron esa designación no sólo como un desaire, sino como una señal de que para este gobierno emanado del derechista Partido Acción Nacional, la cultura y las artes eran lo que menos importaba. Quizás esto tuvo repercusión en el proceso electoral de julio de 2006, cuando una gran masa de conocidos e influyentes intelectuales se orientaron hacia la izquierda, y ahora también ven con desconfianza al presidente Felipe Calderón, quien ha dado continuidad a la misma actitud respecto a la cultura y las artes.

El desdén por la cultura y sus operadores, el castigo presupuestario y la connivencia con la cultura de los medios masivos de difusión caracterizaron el sexenio foxista. Con esa inercia se logró debilitar aún más a las instituciones que tienen responsabilidades y funciones asignadas por la Constitución en la materia. Tal es el caso del INBA, el INAH, la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. Por el contrario, de acuerdo con una visión crítica de los trabajadores de la cultura e intelectuales liberales y de izquierda, se fortaleció el Conaculta, que sólo significa un membrete que duplica funciones de las instituciones antes mencionadas y que, aparte de que significa una carga burocrática, no posee aún una personalidad jurídica, múltiples veces cuestionada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde se ha impedido que se formalice esta instancia cultural que surgió, como hemos señalado, por un decreto presidencial de Carlos Salinas de Gortari. El Conaculta propicia la discrecionalidad y los intereses de la presidencia de la República por sobre los criterios académicos y políticos que deben vigilar y orientar los expertos a cargo de esas instituciones especializadas.

Lejos de la perspectiva de los cuadros académicos y sindicales de las instituciones señaladas, la cultura y el arte, en el esquema economicista puesto en boga por los gobiernos modernizadores de los últimos tiempos, son asumidas, en su versión más exclusivista, como si la cultura y las artes fuesen un lujo, decoración y espectáculo que debe ser patrocinado en busca de la excelencia en la producción de la obra y exhibiciones para públicos selectos. Retomemos a Carlos Fuentes, quien nos ejemplifica la densidad conceptual de ambos conceptos. Si algo se pretende mejorar en los próximos quince años, debería tomarse en consideración que si bien el arte es considerado el punto máximo de la expresión de la cultura, no es toda la cultura. La perspectiva gubernamental deberá enriquecerse o nuestro desarrollo volverá a recaer en un fracaso. Fuentes señala:

La cultura no es, como vulgarmente se le concibe en México al nivel televisivo, periodístico o familiar, un ejercicio minoritario al que se dedican unos cuantos intelectuales, inocuos o peligrosos, destinados a adornar las salas de conferencias del INBA o las celdas correccionales de [los reclusorios] […]; es un concepto global que subsume, que incluye y define el tipo de relaciones económicas, políticas, personales y espirituales de una sociedad. La cultura es, en las palabras de Lewis Mumford, tanto el cuidado de la tierra y la apropiación disciplinada de la energía capaz de dar satisfacción económica a las necesidad del hombre como "el cultivo de las más plenas capacidades de cada ser humano en cuanto personalidad sensible, sintiente, pensante y actuante; cultura es la transmisión del poder en política, de la experiencia en ciencia y filosofía, de la vida en la unidad y significado del arte" (The culture of cities). Cultura, por ellos, es "el proceso de la progresiva autoliberación del hombre. Lenguaje, arte, religión, ciencia, son frases diversas de este proceso. En cada una de ellas, el hombre descubre y comprueba un nuevo poder: el poder de construir un mundo propio" (Ernst Cassirer, Essay on man). Esto significa que debemos globalizar el concepto de cultura en una sociedad como la nuestra, si al fin hemos de saber hacia dónde queremos ir.

¿A dónde queremos ir? Es una buena pregunta si queremos atisbar los próximos quince años. “Si seguimos por el mismo camino”, como insistió la propaganda oficial, la mera eficiencia económica y material (que por cierto no llega a todos los mexicanos [según cifras oficiales, existen en México 50 millones de pobres, es decir, el 50% de la población total]), nos arrastrará a pasos agigantados a decantar aún más nuestra soberanía e identidad nacionales. Habrá algunos puntos de vista que no concuerden con esta afirmación, sobre todo extranjeros y aquellos que han apostado por la apertura de las fronteras a todo tipo de importaciones. Incluso Carlos Fuentes, al opinar sobre la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte a principios de la década de 1990, señaló que un país sobrevive en el orbe internacional si se abre al cruce de todas las ideologías y mercancías, y si en cambio se cierra muere poco a poco. Quizá este punto de vista tenga algo de razón, pero nosotros consideramos que un país como México, sometido permanentemente a la presión expansionista de una potencia mundial como lo es Estados Unidos, podría sucumbir en unos cuantos lustros. Cabe recordar que la cultura egipcia, con tres mil años de tradición perdió su independencia, cultura y religión en 70 años (los últimos de la civilización egipcia original) bajo la presión expansionista de los árabes.

La mitad del territorio mexicano pasó a manos de los estadunidenses en 1848. En alguna época ellos filtraron la idea de que podríamos saldar nuestra deuda externa si les cedíamos la Península de Baja California (por cierto, muy poblada de estadunidenses, tanto como San Miguel Allende, Guanajuato). Más recientemente, en el contexto del denominado Plan Puebla-Panamá, se baraja la idea de abrir el Istmo de Tehuantepec para el tránsito interoceánico de mercancías, lo cual podría propiciar la partición de nuestro territorio y la separación de la Península de Yucatán, cuyas aspiraciones históricas en este sentido podrían ser reavivadas por intereses aviesos. Con una media tan “sencilla” como aparentemente inocua: aceptar al dólar como moneda de curso legal (“para facilitar las operaciones financieras en el marco del TLC”, se dijo en alguno de los dos últimos sexenios priístas), las funciones del Banco de México dejarían de tener sentido pues la marcha económica de México se regularía desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En materia cultural, específicamente hablando, las industrias culturales estadunidenses han generado un colonialismo que es fácil de apreciar en todo momento. Basta encender el televisor, el radio o ir al cine, para apreciar los modelos culturales de vida de los estadunidenses en todo su apogeo (Televisa, monopolio televisivo mexicano, ha fungido como puente facilitador para la expansión de muchos de esos productos culturales). En otros ámbitos más refinados, como las artes visuales (arte digital, realidad virtual, no-objetualismos) o el llamado arte urbano, que involucra al graffiti y los stikers, la influencia estadunidense ha recursado sus éxitos de los años sesenta en los que las posturas denominadas “internacionalistas” fueron una vía de acceso para la conexión de la cultura mexicana con la política estadunidenses practicada durante la “guerra fría”.

Que la cultura y las artes implican y generan riqueza es una verdad contundente que se “descubrió” a raíz de la firma del TLC. En aquella ocasión la parte mexicana, con la estrechez de miras que la caracteriza en la materia, aceptó sin cortapisas que los productos de las industrias culturales fuesen considerados al mismo nivel de los intercambios de mercancías como cebollas, espinacas, llantas, perfumes o televisores. Esta ingenuidad fue aprovechada por los estadunidenses para saturarnos, como señalamos antes, con sus productos culturales (cine, programas de televisión, discos, revistas, libros, etcétera) que repercuten en cuantiosas pérdidas para algunas empresas mexicanas que operan en los mismos ramos; particularmente en el cine y la industria editorial.

Todavía es posible hacer algo en la materia si en los próximos lustros la política cultural del gobierno tiene la voluntad y la capacidad para renegociar estos capítulos del TLC para establecer, como lo hizo Francia en su momento (enfrentando a la Comunidad Europea), un límite para frenar la apabullante invasión de cine extranjero. Medidas como éstas han sido criticadas como xenofóbicas o chovinistas (por ejemplo en Francia, por establecer en sus cines cuotas obligatorias de, al parecer, 40% de proyección de cintas nacionales), pero lo cierto es que una política como ésta, a la par de establecer impuestos específicos a las compañías cinematográficas extranjeras para introducir sus productos, ha repercutido en una sana condición financiera en la materia que permite al gobierno brindar apoyos a los creadores particulares o bien a empresas cinematográficas del país para expandir su producción en los mercados nacionales y favorecer la exportación.

La tesis francesa en la materia es una tesis de excepción. Los bienes culturales, es decir valoraciones, simbolismos, transmisión de maneras de ser, ver, creer, amar, estereotipos de belleza, fealdad, comicidad, etcétera, son bienes de excepción, son cultura (tangible e intangible). Los franceses insisten: “quién mejor que nosotros mismos para contar nuestras historias y nuestras vivencias”. Postura nacionalista y preocupada por su identidad en momentos en que la propia dinámica de consolidación de la Comunidad Europea les reclama ceder en muchos terrenos (la moneda, las aduanas, los cereales, los cárnicos, etcétera), pero la voluntad política y el activismo de los intelectuales los ha llevado a defenderse de estas políticas globalizadoras que pretenden arrasar las culturas que no opongan resistencias, abriendo el espacio cultural y artístico a los bienes aparentemente plurales que en resumidas cuentas vienen a ser los productos de las industrias culturales más poderosas del orbe occidental: las estadunidenses y las británicas.

De manera paralela a estos asuntos, destacan otros dos que en materia de cultura están por definirse en las Cámaras de senadores y diputados. Se trata de las reformas a los artículos 27, 73, 115, 116 y 124 constitucionales que tienen que ver con los derechos de autor y el patrimonio cultural de la nación (vestigios o restos fósiles, monumentos arqueológicos, artísticos e históricos). Las decisiones que se tomen en estas materias tendrán fuertes repercusiones en los años por venir. En una apretada síntesis, la cuestión de los derechos de autor tendría impacto en la creación artística afectando a los propios creadores y beneficiando a las industrias culturales (empresas beneficiadas serían, por ejemplo, Televisa y TV Azteca). Lo que está en juego es que en la propuesta de Ley de Coordinación para el Desarrollo Cultural (conocida como clon de la llamada Ley Bermúdez), se propone asumir el modelo estadunidense que supone que los derechos de autor (copyright) pasen a ser propiedad de las compañías y no como sucede ahora en México, que son propiedad de los artistas, sean estos escritores, compositores y otros, pero particularmente estos, que son amparados por la Sociedad General de Escritores de México, la cual se opone a la propuesta.

En lo que concierne al patrimonio cultural de la nación, dichas reformas, aprobadas por el Senado el 27 de abril de 2006, establecen que las entidades federativas y municipios podrán participar conjuntamente con el gobierno federal en la administración del patrimonio nacional. A contrapelo, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados turnó al Senado sus observaciones para rectificar dicha propuesta al considerar que esas reformas, en general, ponen en riesgo la concepción de la nación mexicana y la unidad federal, al tiempo que debilitan instituciones como el INBA y el INAH, las cuales podrían ser desmanteladas al dejar de tener incidencia o atribuciones a nivel federal. En la corrección que proponen los diputados se plantea establecer que en esa convergencia colaborativa de los tres niveles de gobierno se excluyan “el derecho de autor, vestigios o restos fósiles, monumentos arqueológicos, artísticos e históricos”. No se quiere dar pie para que autoridades o actores locales (desde indígenas, necesitados de recursos económicos, hasta empresarios con intereses turísticos de un mercantilismo rapaz) medren con el patrimonio cultural o negocien con él. Dichas reformas al pretender conferir mayor poder soberano a los estados y municipios podrían ser la puerta de entrada para que grandes compañías e instituciones locales o extranjeras entren a poner en práctica aspectos que la federación no acepta o no debería aceptar (como ejemplo: una empresa privada promueve que Chichén-Itzá sea considerada como una de las “nuevas maravillas”).

Tratemos de cerrar este breve ensayo recuperando una idea que mencionamos líneas arriba. Las políticas culturales tienen al menos dos dimensiones que es importante no perder de vista: en lo que compete al gobierno, se trata de políticas públicas que pueden echarse a andar mediante recursos financieros destinados a las instituciones creadas con ese propósito. Por otra parte existen otras iniciativas que inciden en la educación, la cultura y las artes que no pueden ser manejadas por el gobierno pues poseen sus propios intereses y dinámicas: nos referimos a otros actores sociales como son los empresarios, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades indígenas, las colectividades locales y las comunidades artísticas, entre otros. A la par de estas instancias que, contando con membretes y rostros visibles, es posible conocer y, para el gobierno, fomentar y negociar, existen otras grandes tendencias de difícil o imposible manejo. Tal es el preocupante caso del mercado negro del arte, cuyos tentáculos se extienden o provienen de más allá de nuestras fronteras y que en años recientes se han dedicado a saquear el patrimonio artístico mexicano, en particular de los estados de Tlaxcala, Morelos, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Y qué decir de la piratería que tiene fuertes repercusiones en la industria del disco y del cine. Hay quienes reivindican sus actividades como parte de la democratización de la cultura y otros, desde la postura empresarial, los cuestionan como delincuentes. Aquí cabe preguntarse ¿no se inició el capitalismo inglés y el francés con toda una pléyade de piratas ahora famosos (que hasta películas merecen)?

Otro fenómeno de repercusiones culturales incalculables es el que deriva del constante ir y venir de los migrantes mexicanos. Es cierto que no sólo son una muestra de la debilidad de nuestra economía, sino de la dependencia que tienen los estadunidenses de la mano de obra mexicana y latinoamericana. Ello repercute en grandes tendencias que también incidirán en ese fenómeno que hemos señalado antes relativo a la “norteamericanización” de nuestra cultura; los estadunidenses, por su parte, se quejan por la latinoamericanización de su cultura. Baste señalar que, según modestas estimaciones, existen ya 40 millones de personas que hablan el denominado espanglish.

Por último, cabe mencionar que con Internet ha surgido una tendencia llamada cibercultura que ha conseguido poner en línea a jóvenes de todo el mundo, facilitando los intercambios de ideas, imágenes, gustos musicales y actitudes. Pero no sólo eso, también ha potenciado una cultura autogestiva que los monopolios de los medios de difusión nunca habían imaginado. Publicaciones digitales gratuitas, música e imágenes libres de derechos, noticias, información sin cortapisas ni censura procedente de organizaciones no gubernamentales y alguna que otra considerada subversiva (como la página del Ejército Zapatista de Liberación Nacional).

Ante estos nuevos tiempos y nuevos fenómenos, ningún Estado puede proponerse gobernarlo todo. Lo que sí deberá hacerse en el caso mexicano, en la perspectiva de los próximos quince años, es definir qué modelo de política cultural se habrá de impulsar (de aquellos modelos que hemos mencionado) y si conviene o no, en función del modelo elegido, transformar el Conaculta en Secretaría de la Cultura o bien fortalecer el actual esquema constitucional donde figuran legalmente el INBA y el INAH como instituciones que deben coordinarse con la Secretaría de Educación Pública, recuperando así la tradición mexicana en la materia, colocando en segundo plano el glamour de concebir a la cultura y las artes como decoración exquisita y superflua, propia de les élites.

En función de las anteriores consideraciones, nuestras propuestas son:

• En lo relativo al Conaculta, la propuesta es separar de su dependencia al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes, institutos que poseen personalidad jurídica y, al menos el INAH, presencia nacional. Deben coordinarse, como antes, directamente con la Secretaría de Educación Pública, pues ese fue el espíritu del constituyente: la creación cultural no es mero espectáculo o entretenimiento (tesis que es válida, por ejemplo, para Televisa), sino parte del proceso educativo del país, de su vida democrática, de su libertad de expresión y creación, de su identidad.


• Fortalecer la presencia nacional del INBA y hacer vigente una de las obligaciones que por ley debe cumplir: que egresados de las escuelas de arte sean profesores de estas materias en la educación primaria y secundaria. Además, en lo tocante al fortalecimiento de los propósitos que dieron origen al INBA, es preciso dar mayor apoyo a la investigación artística, misma que debería ser contemplada como área de interés por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Dentro de ese mismo espíritu de apoyo y reconocimiento a la investigación artística, es necesario que se consideren como parte del patrimonio cultural de la nación no sólo las obras artísticas, sino también los archivos documentales relativos a las diferentes artes. Será necesario proponer la creación de un Archivo Nacional de las Artes, pues no existe como tal, mismo que deberá contar con subsedes estatales y municipales para no caer en el error centralista de siempre.


• El Conaculta deberá contar con un órgano colegiado (un consejo consultivo asesor) que coadyuve con su presidente en la definición de las acciones y programas. Este órgano colegiado se deberá constituir de manera pluricultural y con la participación de portavoces de la comunidad intelectual y artística del país. Una manera de estructurarlo podría ser análogo a la representación que tienen diputados y senadores, es decir: una representación territorial (donde figurarían representantes de cultura de los estados de la federación, con la visión suficiente para tomar en cuenta la diversidad de sus culturas locales) y una representación por especialidades en las actividades intelectuales y artísticas, considerando individuos e instituciones. En el primer caso se trataría de los decanos de cada disciplina artística y cultural; en el segundo, representantes del INAH, INBA, el Colegio de México, el Instituto Mora, la UNAM, el Colegio Nacional, etcétera. Habría que diseñar su constitución para que sea plural y en número razonable.


• Establecer, como principio, que el presidente del Conaculta surja de entre los individuos que permanentemente participan en el campo académico, cultural y artístico del país para que no se convierta en un puesto para políticos o personas cuyo mérito sea la amistad con el presidente de la República en turno. Se deberá formar una terna con los posibles candidatos propuestos por su órgano colegiado.


• Poner candados para que en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) del Conaculta no incidan las necesidades y los intereses del mercado del arte ni de las industrias culturales, que éstas sean objeto de reflexión e inclusive de políticas de apoyo, pero que intervengan como actoras en la definición de las políticas en la materia, pues se caería en el error de que el Estado asumiera una postura de empresa que sólo se interesa por mercantilizar la cultura y los bienes culturales. En el contexto de la reforma del Estado debe preservarse el perfil del Estado, valga la redundancia, como un ente público, político, administrativo y jurídico, que vele por la defensa de ese patrimonio colectivo y bien nacional que constituyen la cultura tangible e intangible del país.


• Considerar los bienes culturales y artísticos como bienes de excepción no equiparables a mercancías ordinarias. Es decir, establecer la figura de excepción cultural, misma que sería la punta de lanza para renegociar los campos de acción vinculados con el arte y la cultura en el Tratado de Libre Comercio con el ánimo de impulsar la creación artística y cultural en nuestro país (al margen de los chovinismos), incluyendo a las industrias culturales nacionales, pero combatiendo los monopolios en este sector. En el documento de la XXXI Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) celebrada a finales de 2001, se declaró “no mercantiles” a determinados bienes culturales (muchos de ellos portadores de identidad). Precisamente, si se establece la figura de excepción cultural, el Estado tendría una herramienta jurídica para apalancar la política cultural y artística que hace falta, misma que contribuiría, entre otras, a fortalecer la soberanía de nuestro país.


• Apoyar la formación de artistas y cineastas, respaldando y fortaleciendo las escuelas respectivas (artes visuales, artesanías, diseño —industrial y gráfico—, música, teatro, danza, cine). Crear públicos para el arte tradicional y contemporáneo financiando fuertes campañas publicitarias (permanentes) en los medios electrónicos de difusión para informar sobre la creación artística y cinematográfica del país. Si el arte se usa para el lucimiento internacional de nuestro país (y, sobre todo, para los gobernantes en turno), ¿por qué no hablar de una “diplomacia cultural” que nos haga fuertes a todos: al país y a los creadores?


• En lo concerniente al cine, se trata de que antes de fijar cuotas en las salas comerciales para exhibir cine mexicano, primero se fomente una creación cinematográfica de calidad.


• Una vez que se hayan fortalecido las escuelas de cine en el país y auspiciado la creación de calidad, establecer una cuota de, al menos, 40% de espacios y tiempos para exhibir cine hecho en México (Conaculta estaría obligado a sostener una fuerte publicidad al respecto). Las etapas de ese proceso deberán establecer metas a corto, mediano y largo plazos.


• Con el ánimo de fortalecer la cultura mexicana y democratizar los medios de difusión, la Universidad Nacional Autónoma de México deberá contar con un canal en la llamada televisión abierta. Otras universidades públicas también deberán contar con esa oportunidad como parte de las políticas públicas al respecto, pasando por previas etapas de preparación y experimentación en TV cerrada.


• Si se pensara que, con espíritu democrático, la Iglesia contara también con un canal de televisión, no deberá hacerse en exclusiva para una religión en particular, sino para todas las que tienen presencia importante en el país (discutir cómo se definiría esta “importancia”).


• Establecer candados para que los bienes nacionalizados a la Iglesia católica en la Reforma llevada a cabo en el siglo XIX no regresen a manos del clero bajo ninguna modalidad, es decir, ni como museos.


• Siguiendo el ejemplo decimonónico (curiosidad del porfiriato), se deberán obtener recursos para fomentar la investigación y la creación en ciencia, tecnología, cultura y artes, gravando las utilidades de la especulación bursátil y los juegos de la Lotería Nacional y el Melate (Porfirio Díaz financió a la Academia de San Carlos con recursos derivados de la Lotería Nacional).


• Fomentar el uso y la creación cultural y artística en las lenguas indígenas actualmente en riesgo de desaparecer; auspiciar su enseñanza y su uso en publicaciones, radio y televisión comunitarias. En la misma XXXI Asamblea de la UNESCO se menciona que la diversidad cultural es una prioridad ética, que está vinculada con identidades plurales y que, pese a todo, implica un proceso no estático a nivel local, nacional e internacional.


• Que se establezca en el ámbito legal, porque no existe, la afirmación de que el Estado no solamente está obligado a defender los bienes culturales de “interés nacional”, sino también aquellos de interés para los gobiernos locales (se podrían denominar bienes culturales de “interés local”), es decir, de interés para los estados y municipios. Ese vacío legal ha permitido la pérdida de patrimonio paleontológico y arqueológico, así como la afectación o pérdida de obras y monumentos históricos y artísticos de “interés local”.


• Preservar las zonas arqueológicas de la especulación inmobiliaria y del turismo rapaz, sea nacional o trasnacional. Impedir y eliminar de las zonas de investigación arqueológicas los desarrollos habitacionales, comerciales, industriales y turísticos (como el caso del establecimiento de un almacén Wal Mart en la inmediaciones de Teotihuacán).


• Los Estados nacionales no deben ser omisos o tomar sin preocupación aquella tesis de los globalizadores en el sentido de que el Estado-Nación está en extinción o dilución. Precisamente esta tesis derrotista es una de las bases que se esgrimen para desplazar a los Estados nacionales de las negociaciones en materia cultural, abriéndole un boquete a las soberanías nacionales permitiendo que las industrias culturales (y turísticas) lleven la batuta (y el agua a su molino) en lo que concierne a las políticas culturales. Se trataría de un Estado claudicante aquel que ceda su lugar a las empresas culturales bajo la tesis de que “a fin de cuentas ya no hay nada qué hacer porque esas industrias, de por sí, ya operan a nivel trasnacional” (como, por ejemplo, en nuestro caso, Televisa). Una reforma del Estado no debería perder de vista que, bajo esos argumentos, se ocultan fuerzas y mecanismos que buscan reducir las atribuciones legales, políticas, diplomáticas, económicas y administrativas de los Estados débiles o debilitados, como son muchos en Latinoamérica —incluido México— y otros países del otrora llamado Tercer Mundo. Esas “fuerzas” no son anónimas sino muy visibles: las grandes potencias y las grandes industrias culturales. En nuestro caso, vivimos al lado de un país que es de lo más nacionalista: Estados Unidos. ¿Por qué siempre busca minar nuestro nacionalismo (sus ideas, sus tradiciones, sus símbolos), como su fuera algo rancio o “provinciano”? Ellos con un Estado militarista-expansionista y nosotros con un Estado débil y vapuleado ¿a dónde vamos a ir a dar?

Impacto legal e institucional

Los argumentos y propuestas que se han planteado en el texto precedente tienen que ver con los siguientes artículos, leyes, reglamentos, decreto y tratado:

• Artículos 27, 73, 115, 116 y 124 constitucionales.
• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos (y su reglamento).
• Ley de Creación del Instituto de Bellas Artes y Literatura.
• Ley de Creación del Instituto de Antropología e Historia.
• Los diversos proyectos para la creación de una Ley General de Cultura.
• Ley de Ciencia y Tecnología.
• Ley de Derechos y Cultura Indígenas.
• El Decreto de creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
• Los aspectos relaticos a la cultura en el Tratado de Libre Comercio (TLC).
• Leyes o reglamentos (desconozco) que regulan los juegos de azar y la intermediación bursátil.

Instituciones

• Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
• Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
• Instituto Nacional de Antropología e Historia.
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Secretaría de Educación Pública.
• Universidad Nacional Autónoma de México.
• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).