La UNESCO y el programa para cultura
de la derecha neoliberal en México

Conferencia magistral impartida el 11 de septiembre de 2006 en la Plaza de las Artes del Centro Nacional de las Artes (México), durante las Jornadas por una Política Cultural Democrática y Plural, organizadas por la Delegación Sindical de Investigadores/Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, D-II-B4-14, Sección 10, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

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IVÁN FRANCO • DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS
Investigador del Centro INAH-Yucatán.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1
ivan043@yahoo.com.mx

Introducción

La década que transcurrió entre la guerra de Estados Unidos e Irak de 1991 y los atentados del 11 de septiembre de 2001 constituye un punto de quiebre para los conceptos de identidad, patrimonio y bienes culturales, diversidad cultural y derechos culturales en el ámbito mundial. Ello se debe a que, ante el primer hecho, y pese al vigoroso cuerpo normativo internacional,(1) la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) asumieron una absurda actitud de pasividad frente a las acciones bélicas encaminadas a destruir el patrimonio cultural irakí.(2) Agobiada en esa década por acusaciones de corrupción, auditorías y hasta señalada por importantes sectores académicos de actuar de manera irresponsable, la UNESCO parece haber sido arrinconada entonces por el estrépito globalizador impuesto por los intereses económicos hegemónicos en el ámbito mundial.

Así, dos meses después del no menos impactante episodio neoyorkino, la UNESCO, como uno de los organismos mundiales rectores en la definición de las concepciones generales y universales sobre cultura, derechos culturales y patrimonio cultural, llevó a cabo su 31ª reunión. Realizada en noviembre de 2001, sus participantes creyeron encontrar, con la firma final de la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural (DUUSDC) y en el Plan de Acción, una fórmula “justa” respecto a cómo definir y orientar la aplicación de esos conceptos en todos sus Estados Miembros.(3) Algunos análisis académicos y críticos sobre los contenidos ideológicos difieren sobre qué tan justo es o podría ser la aplicación de estos acuerdos en numerosos países en desarrollo, y si bien en la 32ª reunión la misma UNESCO estableció un Gran Programa para Cultura que considera amonestaciones más fuertes a países que intencionalmente destruyen patrimonios culturales,(4) los acuerdos de 2001 son ya pactos por consumar.(5) Veamos en qué consisten éstos.

Como se ve en este trabajo, lo que se acordó en la Declaración de 2001 fue un esquema mixto en el que los Estados Miembros, mediante ajustes prácticos y legislativos, podrán incluir la participación del capital y las empresas privadas en los programas públicos de impulso, defensa y promoción de la diversidad y los derechos culturales.(6) Se trató, por decirlo de manera amable, de una solución sólo en apariencia salomónica ya que, como declaración política general, en realidad podemos aseverar que está inclinándose en beneficio del capital y del Estado global de mercado. Esto, porque mediante la propuesta de desarrollar en los ámbitos local y universal un modelo de políticas públicas basado en las llamadas industrias culturales vale preguntar: ¿no se han multiplicado desde entonces esquemas lucrativos paralelos cuya operación no será fácil someter a un régimen ético y de control deseable, sobre todo si Estados Unidos está de por medio? Analicemos el contexto.  

I) Imperios en guerra y la pasividad de la ONU y la UNESCO

No es fácil explicar o encontrar vetas explicativas de este deslizamiento de los organismos mundiales con rectoría en el tema de la diversidad y el patrimonio culturales hacia la esfera del mercado. El propio director de la UNESCO, Koichiro Matsuura (1999-2006), defiende la tesis de que es necesario “humanizar la globalización”, por lo que el eje central de su política como directivo ha sido atraer a las principales potencias económicas mundiales que se distanciaron de la UNESCO desde hacía casi dos décadas hasta su regreso en 1997 (Inglaterra) y 2002 (Estados Unidos).(7)

En su trabajo analítico sobre el papel “pasivo” del Consejo de Seguridad de la ONU en la permisión de la destrucción del patrimonio cultural de Irak al inicio de la década de 1990, el investigador Joaquín María Córdoba Zoilo da pistas para entender cómo la posición activa de la UNESCO en la defensa del patrimonio cultural universal ha variado en las dos últimas décadas conforme sus directrices se han visto obligadas a adoptar nuevos principios filosóficos.(8) Estos virajes no son, desde luego, fortuitos. Responden a las presiones que los grandes poderes políticos y principales potencias internacionales están imponiendo a los Estados y gobiernos nacionales que integran la UNESCO mediante la universalización de las políticas neoliberales y la globalización misma a través de la firma de Tratados de Libre Comercio,(9) entre otros convenios de colaboración económica y comercial, así bilaterales como multilaterales.

Córdoba Zoilo analiza y describe cómo en circunstancias de guerra (de largo aliento o “explosivas”) el patrimonio cultural de una nación como Irak fue literalmente avasallado o sometido a expoliación por los grupos promotores del hecho bélico ante la pasividad y complacencia de la ONU y la UNESCO,(10) instancia esta última que hacia 1999 vivió bajo la presidencia del español Federico Mayor Zaragoza uno de sus peores momentos debido a escándalos de influyentismo y corrupción.(11) Si bien para esas acciones bélicas la UNESCO tiene respuestas importantes para regiones y países con áreas y zonas patrimoniales en situación crítica (que incluye, por ejemplo, la elevada cotización de bienes culturales en el tráfico internacional), el contrapeso de sus iniciativas (así programadas o coyunturales) parecen ya no tener el suficiente impacto político ya que abundan las denuncias dirigidas contra los países que agraden militarmente a naciones con valioso patrimonio cultural.(12) Algo más grave: en casos como el irakí, la ONU y la UNESCO sólo actuaron mediante una declaración tardía contra los destructores después de la inteligente presión política organizada por grupos académicos internacionales.(13)

Una década después, las primeras reacciones de estupor en el seno de la misma UNESCO al descubrirse la rapiña y el robo de Estado cometidos una vez más por Estados Unidos e Inglaterra contra el vasto patrimonio cultural irakí, durante la invasión a esta nación en 2003,(14) pusieron en evidencia tres cosas: a) que los acuerdos generales de noviembre de 2001 cumplen el papel de marco “legal” internacional en el que ahora se cobijan países imperialistas para, b) mediante la firma de Tratados de Libre Comercio evitar cualquier tipo de sanción contra su secular política de rapiña, mercado negro y especulación contra bienes y diversidades cultural y biológica ajenos, ya que c) los propios acuerdos generales de 2001, así cueste reconocerlo a la propia UNESCO, les brinda a esos países y especuladores mundiales y nacionales (oligarquías locales) amplio margen de movimiento en la escena internacional. No es casual que estos países apoyen proyectos turísticos vinculados con cultura y bienes culturales en países y regiones en donde se consolidan o imponen (así sea mediante abigarrados fraudes electorales), elites con programas neoliberales de gobierno, sean éstas de centro, derecha e incluso izquierda. 

Veremos enseguida los nexos causales entre los lineamientos acordados en la UNESCO bajo condiciones “extraordinarias”, con los postulados de las aspiraciones de una derecha neoliberal, pro-fascista y corrupta como la que rige el rumbo político de nuestro país. Como he expuesto en otro ensayo, el poco conocido programa cultural del candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa (FCH), está elaborado coincidentemente con base de los conceptos centrales de la 31ª Declaración de la UNESCO y documentos subsecuentes. Incluso, con todo y que en la ONU y en la misma UNESCO está vigente la obligatoriedad de respetar los marcos legislativos y la opinión de los cuerpos especializados que determinan como no mercantiles los bienes culturales, los redactores de la propuesta del PAN hacen una lectura “libre” de aquellos y, por supuesto, caso omiso de varias recomendaciones esenciales sobre leyes protectoras de bienes culturales no mercantilizables; perfilan en cambio un horizonte institucional radicalmente distinto para la cultura, el patrimonio cultural y las instituciones culturales mexicanas.(15)

II) La 31ª reunión de la UNESCO y la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural. Alcances y limitaciones del moderno humanismo burgués

El espíritu de esta 31ª reunión, marcado por los acontecimientos del 11 de septiembre, brindó a los países miembros “la oportunidad de reafirmar la convicción de que el diálogo intercultural es el mejor garante de la paz y rechazar la tesis que augura un choque inevitable entre las culturas y civilizaciones.”(16) Esto dio pie para elevar en esa misma sesión la diversidad cultural a categoría de “patrimonio común de la humanidad, tan necesaria como la diversidad biológica”, por lo que la defensa de ambas “se erige como un imperativo ético indisociable del respeto de la dignidad de la persona.”(17) En esta línea, en la Declaración Universal (DU) se estableció que “aspira a preservar ese tesoro vivo y renovable que es la diversidad cultural” al que hay que entenderlo como un proceso no estático para “evitar toda tentación segregacionista y fundamentalista que, en nombre de las diferencias culturales, sacralice esas diferencias y desvirtúe el mensaje de la DU.”(18) 

Bajo el principio de que la DU insiste en el hecho de que “cada individuo debe reconocer no sólo la alteridad en todas sus formas sino también el carácter plural de su propia identidad dentro de sociedades igualmente plurales”,(19) se establece que justo así es posible “conservar la diversidad cultural en su doble dimensión de proceso evolutivo y fuente de expresión, creación e innovación”.(20) En tal sentido se afirma entonces que “queda así superado el debate entre los países que desean defender los bienes y servicios culturales”(21) del manto del mercado, de “los que esperan fomentar los derechos culturales pues la Declaración Universal conjuga esas dos aspiraciones complementarias”(22) poniendo el nexo inevitable entre una y otra. Es, por supuesto, aquí en donde empezó el problema hace ya casi un lustro, pues puso las bases definitivas para que la presidencia del japonés Koichiro Matsuura decantara su postura en favor del mercado.

a) La DU de noviembre de 2001

Está integrada por cuatro apartados, divididos en doce artículos, titulados Identidad, Diversidad y Pluralismo; Diversidad Cultural y Derechos Humanos; Diversidad Cultural y Creatividad, y Diversidad Cultural y Solidaridad Internacional. La remata una sección llamada Orientaciones Principales de un Plan de Acción para la Aplicación de la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural. En dichas secciones existe complementariedad en la concepción y la acción propuesta. Es por supuesto la base de nuestro análisis ya que, en sentido estricto, constituye la esencia de la filosofía política que orienta la propuesta universal vigente desde noviembre de 2001 para defender y promover la diversidad cultural.

Nos centramos en el análisis de los apartados sobre Diversidad Cultural y Creatividad, Diversidad Cultural y Solidaridad Internacional y en el Plan de Acción, pues en conjunto vertebran, de manera nítida, el viraje definitivo de la UNESCO hacia acciones y métodos públicos que sientan las bases para la consolidación de la filosofía neoliberal en los intersticios del universo burocrático cultural de los 191 Estados Miembros. Como observaremos a continuación, los primeros dos apartados se centran en una concepción axiológica muy general mientras que, en los restantes, la UNESCO diluye casi al nivel de la desaparición el concepto de Estado nacional; en contraste, por cierto, con la notoriedad que adquieren en el texto la convocatoria hacia la cooperación internacional, la iniciativa privada y las industrias culturales.

Los dos primeros apartados de la 31ª DU constituyen los postulados básicos de la concepción sobre diversidad cultural, el papel de la cultura en el tiempo y el espacio, lo indispensable que resulta garantizar una interacción armoniosa en la diversa sociedad actual, así como la necesidad de establecer políticas que favorezcan la inclusión y la participación de todos los ciudadanos en pro de la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz.(23) En tal sentido, se establece que la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, que los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos y que toda persona debe poder expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee (sobre todo materna), así como que toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer sus prácticas culturales dentro de límites impuestos por el respeto y las libertades fundamentales.(24)

Finalmente, y bajo estas premisas, se apunta que al tiempo que se garantiza la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen, hay que procurar que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer, así como que toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales y sólo se desarrolla plenamente en el contacto con otras.(25) Como se mencionó líneas atrás, la dilución del concepto Estado nación queda muy clara frente al asomo relevante que para todas esas acciones deben tener la cooperación internacional, las industrias culturales y la iniciativa privada. Conceptos, por cierto, que en la propuesta de la derecha mexicana se parafrasean como turismo mundial e intercambios comerciales, mecenazgos y desde luego empresas o industrias culturales.(26)

Los subsecuentes artículos conforman el punto de “continuidad” y quiebre sobre cómo concebir los bienes y servicios culturales. El artículo 8 es clave. Se inicia con un subtítulo que reza “Los bienes y servicios culturales, mercancías distintas a las demás”. Así, define que:

Frente a los cambios económicos y tecnológicos actuales que abren vastas perspectivas para la creación y la innovación se debe prestar una atención particular a la diversidad de la oferta creativa, a la justa consideración de los derechos de los autores y de los artistas, así como al carácter específico de los bienes y servicios culturales que, en la medida en que son portadores de identidad, de valores y de sentido, no deben ser considerados como mercancías o bienes de consumo como los demás.(27)

Es clara la contradicción y nerviosismo entre título y contenido en este artículo. Son mercancías pero no son mercancías. Analíticamente sugiere una tensión política extrema a la hora de redactar y sobre todo “acordar” el término, ubicación y sentido de las palabras y acciones consideradas idóneas. Por lo tanto, así como no deben ser sometidos los bienes culturales portadores de identidad al lucro ni al plusvalor mercantil, en esta sugerencia de la UNESCO de todas formas se declara que sí pueden serlo en cuanto surjan como parte de un proceso (¿viciado?) de autoría y creación artística. La “ambigüedad”, por no decir de plano disfrazada entrega al proceso de valorización mercantil, no puede ser más completa, sobre todo si pensamos que no existe deslinde respecto de los bienes arqueológicos e históricos portadores de identidad.

Es, sin embargo, a partir del Artículo 9 y hasta el 12 que se observa mucho más diáfana la postura de la UNESCO. El título del primero reza “Las políticas culturales, catalizadoras de la creatividad”. El contenido plantea, en una primera parte, que dichas políticas deben garantizar la libre circulación de las ideas y crear condiciones propicias para la producción y difusión de bienes y servicios mediante industrias culturales que dispongan de medios para desarrollarse local y mundialmente.(28) En tal sentido se sugiere, en la segunda parte del artículo, que “Cada Estado debe, respetando sus obligaciones internacionales, definir su política cultural y aplicarla, utilizando para ello los medios de acción que juzgue más adecuados, ya se trate de apoyos concretos o de marcos reglamentarios apropiados.”(29) El tono imperativo de la segunda parte adquiere una orientación más acotada cuando desde la primera se sugiere que la garantía de la libre circulación se anuda en industrias culturales, un concepto cuyos alcances están en el eje de auténticas polémicas nacionales.(30) Discusiones locales que, por cierto, no son responsablemente abordadas por la UNESCO y punto de avance de países hegemónicos en los tratados de libre comercio firmados con países en desarrollo.

Los últimos artículos plasman, por lo mismo, una posición muy inclinada en favor del mercado ya que: a) sugieren reforzar la solidaridad y cooperación internacionales, e impulsar en particular en los países en desarrollo y en transición el establecimiento de industrias culturales viables,(31) y b) como las fuerzas del mercado no pueden por sí solas garantizar la preservación y promoción de la diversidad cultural, conviene fortalecer la función primordial de las políticas públicas en asociaciones con el sector privado.(32)

Finalmente, en el Artículo 12, en su apartado b, se señala que, a partir de una reconsideración de los objetivos de la UNESCO y siguiendo su principio de responsabilidad, es necesario: “b. constituir un instrumento de referencia y de concertación entre los Estados, los organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado para la elaboración conjunta de conceptos, objetivos y políticas a favor de la diversidad cultural.”(33) Se entiende así mejor el mandato amenaza que salta en la redacción del Artículo 9 de que “cada Estado debe, respetando sus obligaciones internacionales, definir su política cultural […]”.

Es en ese deslizamiento claro, a partir de una concepción individualizada de la defensa y promoción de la diversidad y la creatividad cultural, que la UNESCO sienta las bases para abrir la participación de la iniciativa privada mediante el esquema de las industrias culturales, arma preferida de Koichiro Matsuura a través de la denominada Alianza Global para la Diversidad Cultural.(34) Y es en esta apertura ideológica en la que se embonan y fundamentan lineamientos para Cultura como los propuestos por el PAN en México. En ellos se retoman no sólo las sugerencias más inclinadas hacia el mercado, sino que se evitan y hasta repelen las que tibia y hasta expresamente refieren la importancia de considerar la opinión especializada y la experiencia institucional acumulada en órganos legítimos creados por los Estados nacionales con vocación defensiva pero, sobre todo, conciencia histórica de su pasado y diversidad cultural.

Es este un modelo que, en el caso de México, tendería a denigrar el carácter social y para beneficio público nacional, no internacional, de la legislación concebida para desplegar la atención integral del patrimonio cultural material a través de la Ley Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972. Y esta base filosófica y política es la que entra en contradicción con la línea mercantilista abierta desde la propia UNESCO desde 2001 y continuamente reafirmada en cuanta reunión, conferencia y demás sesiones intermedias y generales se realiza hasta la fecha.

b) El llamado Plan de Acción

No hay mucho que desglosar, visto lo anterior, de los conceptos e ideas que rigen esta parte de la DU de la UNESCO. Destacan, por los vínculos irrefutables con el programa de cultura hasta ahora conocido de la derecha mexicana, los puntos 10, 11, 15, 16, 17, 18 y 20 del Plan de Acción. Se puede decir que, al igual que los artículos reseñados de la DU resultante de la 31ª reunión, estos puntos concuerdan con la columna vertebral del documento Cultura, para que vivamos mejor que alberga el plan panista.

Lo alarmante es que en esta propuesta de la derecha panista neoliberal, y debido a que la presencia histórica y arraigo social de instituciones culturales como el INAH y el INBA constituyen una barrera difícil de superar, se extrema el carácter empresarial y gerencial de su planteamiento. Sus tesis son ofensivas para toda la tradición académica conservacionista y de investigación mexicana. Evidencian puntual desconocimiento de las aportaciones locales a la ilustración estatal e institucional de investigación y cuidado federal del patrimonio cultural. Afirman, por ejemplo, que será fundamental “Propiciar una participación más activa de México en foros internacionales y en las instituciones internacionales de gestión cultural como la UNESCO, el Consejo de Europa y la Organización Mundial de Turismo con el objeto de establecer mayor cooperación en materia de cultura y protección del patrimonio.”(35)

La propuesta del PAN para nada insinúa lo vital que sería impulsar reuniones sobre cada uno de estos temas entre los propios especialistas mexicanos que les permita reflexionar y replantear estrategias locales mejor pensadas y consensuadas de cara: a) a los lineamientos generales de la UNESCO que conviene acotar desde nuestra propia tradición y b) ante la misma ¿humanizable? globalización. Así, alusiones a la urgencia de fomentar la diversidad lingüística, el uso de medios electrónicos y nuevas tecnologías (Internet), explorar y abrir de forma expedita nuevas zonas arqueológicas, apoyar la movilidad de creadores y artistas, ayudar a la creación de industrias culturales, impulsar nuevos esquemas legislativos y reconocer y fomentar la contribución del sector privado para valorizar la diversidad cultural, así como crear espacios de diálogo entre el sector público y el privado, son la base del Plan de Acción de la UNESCO y casualmente el eje rector de los lineamientos adoptados por el PAN.

El acento que la derecha mexicana pone en una concepción condensada de cultura como recurso económico remite incluso a que han realizado una lectura arbitraria de las líneas generales acordadas en la UNESCO ya que, para éste, cultura no es lo mismo que derechos culturales. En referencia al trabajo sobre la propuesta de la derecha mexicana con relación al capítulo Cultura y Desarrollo Económico de su programa, su objetivo es la creación de estímulos fiscales, apoyo a mecenazgos, turismo cultural e industrias culturales, en donde el dúo FCH-PAN exponen de forma nítida su amoldada concepción de la cultura en tanto recurso económico. Su declaración habla por sí misma: como el papel de la cultura en el contexto del desarrollo socioeconómico se ha subestimado afirman que “ […] tenemos que contemplar políticas de desarrollo sustentable en el marco de lo que se ha llamado una economía de la Cultura.”(36)

Desde nuestra postura, es legítimo, pero sobre todo urgente, preguntar entonces: ¿será capaz la UNESCO de emitir una Recomendación respecto de esta visible arbitrariedad que estaría cometiendo la derecha mexicana calderonista al asumir el gobierno? Lamentablemente, un análisis o un cuestionamiento abierto no lo han hecho la izquierda social mexicana, ningún sector académico organizado que no sean nuestras organizaciones sindicales ni, mucho menos, dirigentes del partido político que más ha salido lesionado del sucio proceso electoral de 2006.

III) Consideraciones finales

El paso de una posición relativamente firme contra las potencias que controlan a la ONU hacia una de clara condescendencia al capital, como se plasmó en la Declaración de la 31ª reunión del 2 de noviembre del 2001, evidencia que la UNESCO no dejará de ser ese órgano intermedio que marca ritmos, anticipa algunos desastres y articula una que otra traba simbólica a la política internacional de pillaje de Estado y bandas globales de saqueadores y coleccionistas.

Con ella, y con la DU correspondiente, se abrió, no obstante, una serie de compuertas ideológicas a la iniciativa privada mundial y local que, en no pocos casos, impulsarán la consolidación de “nuevas” políticas y legislaciones públicas nacionales, regionales y locales.(37) Y estas, con y sin guerras de por medio, auspiciarán definitivamente la mercantilización de los bienes materiales e inmateriales universales en detrimento de modelos proteccionistas avanzados en aparente retirada. Es el caso del plan de la derecha panista de México, casada con su idea de empujar modelos de gestión del patrimonio cultural con acento gerencial y quizá, en escenarios aún más trágicos, podría atreverse a firmar acuerdos comerciales totalmente desventajosos para toda nuestra diversidad cultural y biológica tal como lo han hecho seis países centroamericanos agobiados por sus limitaciones económicas.

Es la 31ª DU, desde luego, un punto de toque relevante para aquellos grupos y elites políticas nacionales que ven con buenos ojos esta válvula a favor de la permisividad abierta por los órganos internacionales hacia una mundialización sin frenos. Por eso aspiran, como es evidente en la propuesta de la derecha neoliberal mexicana, a concretar reformas constitucionales y nuevos marcos legales para Cultura así como generar prácticas administrativas adecuadas al canon del mercado. También que, en aras de ajustarse al nuevo paradigma generado en las esferas internacionales, se margine, rezague y hasta liquide a las tradiciones legislativas e institucionales; precisamente porque otorgan base de avanzada, solidez y coherencia proteccionista, claramente no mercantil, al patrimonio cultural en por lo menos (también caso de México) uno de sus más elevados niveles de expresión: el patrimonio material (arqueológico, artístico e histórico). Esto sin considerar el sustantivo aporte que, bajo premisas organizativas bien orientadas, pudieran magistralmente aportar cuerpos especializados de instituciones como el INAH sobre el ámbito del patrimonio denominado inmaterial o “intangible”. Tarea importante pero aún, lamentablemente, pendiente, pese a algunos esbozos significativos.

La lectura detenida de los acuerdos que dan sustento a la 31ª reunión de la UNESCO, así como de los postulados que la ONU derivó de aquellos para países como México,(38) evidencia el control y hegemonía neoliberal que se despliega mediante propuestas teóricas y técnicas desde estos “órganos rectores” hacia los Estados Miembros. Ilustra, asimismo, sobre la enorme presión a la que se verán sometidos todas las clases y burocracias políticas y trabajadores de la cultura; esto porque están definiéndose de forma vertical políticas estatales para inducir a la “flexibilización” de conceptos y metodologías nacionalistas y humanistas sobre identidad y bienes culturales en provecho de la expansión de los “nuevos” o en boga esquemas financiero-gerenciales para las instituciones educativas y culturales creadas por los Estados nacionales. Estos podrían ser, de no darles seguimiento, estudio y crítica puntual, los modelos de profesionalización de gestores del patrimonio cultural, profusamente impulsados en países como España, Brasil, México, entre otros.

Se busca, así, bajo la premisa de la coexistencia necesaria entre interés público e interés privado, relajar en favor de las llamadas “políticas innovadoras” que los Estados Miembros de la UNESCO operen políticas públicas locales fundamentadas en la noción de fomento cultural “en colaboración con el sector privado y la sociedad civil”.(39) Cultura, diversidad cultural y bienes culturales podrían entrar definitivamente en México –de continuar el PAN y la derecha en el gobierno–, en un circuito de mercado cuyos beneficiarios, como en todos los países pobres y subdesarrollados, serán empresas y particulares sumamente poderosos toda vez que ellos y sus aliados de partidos como el Partido Revolucionario Institucional  están en la misma tónica “globalifílica”.

Por eso el director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, afirma con convicción en la introducción de la Declaración de noviembre de 2001 que, el debate entre países que conciben los bienes y servicios culturales como no sujetos a mercantilización y los que sí lo hacen “quedó superado en tanto existe un nexo causal que los une; (y) no puede existir la una sin la otra”.(40) ¿Qué tanto podría seguir defendiendo el señor Matsuura su tesis después de que atrajo a los Estados Unidos al seno de la UNESCO sólo para que este país, con lujo de violencia, agrediera sitios y monumentos históricos de Irak los últimos quince años? ¿Qué tanto si lo mismo está aconteciendo en el Líbano tras los ataques y masacres de Israel? Y ¿qué tanta incidencia ha tenido el punto 33 de las Resoluciones del año 2003?

Notas

1. Integrado por: Convención Universal sobre Derecho de Autor (1952 y 1971); Protección del Patrimonio Cultural en caso de Conflicto Armado (1954); Prohibición de la Importación, Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales (1970); Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (2001); Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2001); Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) y Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005).

2. Joaquín M. Córdoba Zoilo, “Consecuencias de las sanciones sobre el patrimonio histórico cultural de la Humanidad en Irak”, en Guerra y sanciones a Irak. Naciones Unidas y el “nuevo orden mundial”. En este artículo, Córdoba Zoilo señala que “Los acuerdos de la Conferencia y la voluntad de los científicos comprometidos obligaron a la UNESCO a salir de su silencio y publicar en mayo de 1995, una llamada de su Director General [Mayor Zaragoza] a que los países signatarios de la Convención sobre tráfico ilícito de bienes culturales de 1970, cumplan con lo allí firmado. En carta de 6 de abril de 1995, el Director General de la UNESCO mostraba su interés y preocupación por el saqueo del patrimonio cultural de Iraq, pero al tiempo recordaba que la mayor parte de los estados con importantes mercados de antigüedades, no son signatarios de la convención de 1970. Si bien, lo más sorprendente de la carta del Director General de la UNESCO no era esa preocupación –por otra parte presumible en razón de su cargo–, sino la reconvención que hacía escribiendo que ‘los países de origen de las antigüedades sustraídas continúan teniendo la responsabilidad mayor en tomar todas las medidas posibles en impedir las excavaciones clandestinas. Y que siendo la UNESCO una organización intergubernamental, donde los estados miembros no tengan voluntad de controlar el mercado clandestino, la organización tiene una influencia limitada’.” Ver: http://www.nodo50.org/csca/iraq/trib_int-96/hist-cult.html, 19 de agosto de 2006. En este trabajo Córdoba Zoilo entrega una larga lista de museos y zonas arqueológicas destruidas y saqueadas.

3. Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural. Adoptada por la 31ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, París, 2 de Noviembre de 2001, p. 2.

4. UNESCO (32ª Reunión), Actas de la Conferencia General (Resoluciones), París 29 de septiembre a 17 de octubre de 2003, específicamente los puntos 31 (Gran Programa para Cultura), 32 (Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial) y 33 (Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural), pp. 54-72. Publicado por la ONU en 2004.

5. UNESCO, “La Alianza Global para la Diversidad Cultural organiza una Conferencia Internacional sobre el Desarrollo de Industrias Culturales”, París, 3 de junio de 2005; UNESCO, “Comercio-Cultura: El Senado estadounidense aprueba un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y seis países de América Central que cubre todos los sectores, incluida la Cultura”, París, Le Nouvel Observateur, 5 de julio de 2005. Los seis países son Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y República Dominicana.

6. DUUSDC, p. 2.

7. Se debe precisamente al actual director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, el regreso de los Estados Unidos de Norteamérica al seno del organismo. Esto se logró el año 2002, después de que el presidente Ronald Reagan dispuso la salida de su país en 1984, anteponiendo una fuerte crítica de uso irracional de recursos que hacía el organismo. Ver María Cristina Rosas, "¿Corrupción en la UNESCO?", Revista Etcétera, 4 de noviembre de 1999, s/n/p. Asimismo, en entrevista concedida a Carmen María Ramos (“Humanizar la globalización”, La Nación, Buenos Aires, 3 de junio de 2005), Matsuura culpó a la población local ante la pregunta sobre si el saqueo a los museos de Mosul, Tikrit y Bagdad y a sitios arqueológicos milenarios debilitó el liderazgo de la UNESCO en la conservación y protección de la herencia cultura mundial: “La Guerra del Golfo, en 1991, y la guerra en Irak han complicado nuestro trabajo. En este caso fuimos intensificando los contactos con las autoridades norteamericanas y británicas y con las autoridades culturales de los países vecinos de Irak, para exhortarlos a vigilar los lugares de interés arqueológico. A las instituciones culturales iraquíes les pedimos que fortalecieran los controles fronterizos para prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales. Unas 15.000 piezas fueron robadas, pero el saqueo en Irak fue obra de la población, no de los soldados. Los antecedentes de la destrucción se remontan a los tiempos en que Saddam Hussein construyó sus palacios encima de sitios arqueológicos. Del total de piezas robadas han aparecido unas cinco mil, gracias a Interpol y a la cooperación de importantes museos del mundo, incluido el Museo Británico. El resto será difícil de recuperar.”

8. Córdoba Zoilo, op. cit.

9. En un informe presentado ante la Agencia Intergubernamental de la Francofonía el 18 de julio de 2004, el Centre Etudes Internacionales et Mondialisation y el Institut d’Etudes Internationals du Montreal de la Universidad de Québec destacaron que los recientes Tratados de Libre Comercio firmados por Estados Unidos con seis naciones centroamericanas y otros países como Singapur, Chile y Marruecos “afectan la posibilidad para esos países de proseguir con sus políticas culturales […] esto equivale a estar obligados a pagar para preservar la diversidad cultural. Tales conclusiones no auguran nada bueno en cuanto a los esfuerzos actuales destinados a lograr una convención internacional sobre la diversidad cultural.”, Le Nouvel Observateur, 5 de julio de 2005.

10. Córdoba Zoilo, op. cit.

11. María Cristina Rosas, en “¿Corrupción en la UNESCO?”, op. cit., señaló entonces que “[…] el escándalo del momento tiene que ver con un memorándum que muestra a dos miembros del gabinete francés solicitando a Federico Mayor Zaragoza, director general de la Unesco, se les otorguen puestos de alto nivel en la institución a ex asesores del gobierno galo. Esta situación ha sacado a relucir la ineficiencia, el nepotismo y la corrupción de un organismo que en todos estos años ha hecho muy poco para reformarse, al punto de que es un secreto a voces que los cargos mejor pagados en este importante foro internacional son asignados a amigos, familiares y recomendados, al margen de la calificación que posean. Además del memorándum que le ha dado la vuelta al mundo, la Unesco es actualmente auditada por el gobierno de Canadá, el cual ha externado fuertes críticas en torno a prácticamente todos los programas de la institución. La auditoría ha encontrado que el amiguismo y el compadrazgo son un mal endémico en la Unesco, porque 40% de los nombramientos que ahí se han realizado corresponden a personas que no han cumplido con los criterios de selección que normalmente son manejados en el Sistema de Naciones Unidas. El reporte también revela que hay un desperdicio de recursos. Una de las tareas de la Unesco debería ser la erradicación del analfabetismo en el mundo. Pues bien: la institución se ha preocupado más por promover a funcionarios de dudosa calificación a altos cargos con salarios estratosféricos, a pesar de que el presupuesto bianual que posee es de apenas 544 millones de dólares, insuficiente para pagar honorarios tan altos y además cumplir eficientemente con los programas que tiene en marcha. Ello lleva a otro problema: la transparencia en el manejo de los recursos de la institución.”

12. Georgely Morin, “Patrimonio Libanés está siendo afectado pese a Convención de la UNESCO”, ABN, Caracas, 10 de Agosto de 2006. Morin destaca en su nota que “El patrimonio cultural del Líbano también se está viendo afectado a raíz de la agresión que sufre ese país por parte de Israel, a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) ha estipulado una normativa que condena ese tipo de ataques en los conflictos armados. […] Esta situación produjo en fechas recientes que el ministro de Cultura del Líbano, Tarek Mitri, hiciera un llamado a la UNESCO para que cesaran los ataques contra estas zonas y para que ayude a preservar los lugares libaneses declarados patrimonio de la humanidad.”

13. Noticias de la UNESCO, “Activan Programa para salvar Patrimonio Cultural de Irak”, mayo de 2004. Entre otros compromisos se estableció “Ayudar al Ministerio de Cultura de Irak a llevar a cabo una reforma institucional y a crear aptitudes y formación en aquellos ámbitos de las políticas culturales cuyo objetivo sea la salvaguardia del patrimonio cultural de Irak. Todo ello con miras a dotar al Ministerio de la capacidad necesaria para proteger, conservar y rehabilitar el patrimonio cultural en el país, garantizando la mejora de las competencias y la formación de recursos humanos nacionales.” Así, lavándose un poco el rostro y sin establecer mayor condena a las acciones de pillaje de las potencias imperiales que invadieron y permitieron el saqueo en Irak los funcionarios de la UNESCO señalaron en este documento que “En la sesión de apertura de la reunión, Koichiro Matsuura recordó que ‘la cultura entera de Irak, desde sus sitios arqueológicos hasta sus edificios históricos, sus museos e instituciones culturales, pasando por las bibliotecas y archivos, el patrimonio cultural inmaterial y las artes e industrias culturales’, ha resultado afectado por los más de diez años de embargo y conflicto en el país. ‘La tarea es, pues, inmensa y vital’,” 25 de mayo de 2004. Ver también UNESCO (http://www.unesco.org/culture/iraq), Crisis en Irak. Primer Foro Cultural sobre Irak (26-27 de mayo de 2004), y La acción cultural de la UNESCO en Irak, 1976-2003, 12 de agosto de 2005.

14. Ramiro Flores, “La destrucción del Patrimonio Cultural de Irak, crimen de guerra y crimen contra la humanidad”, La Insignia, Ciberoamérica, 21 de abril del 2003: “La UNESCO ya había advertido sobre el peligro que corría el patrimonio arquelógico iraquí y pidió que los bombardeos respetaran las zonas arqueológicas. Hemos recibido informaciones que señalan que el museo de Tikrit ha sido alcanzado por el fuego de la coalición, además del museo de Mosul y de un palacio de Bagdad que contiene una colección de objetos de la monarquía, declaró un responsable del organismo. El museo de Mosul, en el norte del país, también fue destrozado por los saqueadores… Así, la pérdida de la riqueza cultural de Irak se está convirtiendo en un parámetro de la barbarie moderna de Estados Unidos y esta indolencia criminal de Washington y Londres sólo es comparable al incendio intencional de la Biblioteca de Alejandría y al bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial de la biblioteca de la ciudad universitaria de Coventry, especializada en textos medievales, todas ellas acciones de invasores sin escrúpulos que buscaban no sólo destruir una cultura sino el espíritu de un pueblo. Bush ha logrado entrar a la historia y encontrará un lugar junto a Gengis Kan, Atila el huno y demás tiranos que no se han destacado por su amor a la civilización, sino por su barbarie.”

15. Ver Cultura, para que vivamos mejor, http//www.felipe.org.mx, junio 2006.

16. DUUSDC, p. 2.

17. Ibid.

18. Ibid.

19. Ibid.

20. Ibid.

21. Ibid.

22. Ibid.

23. Ibid., Arts. 1, 2 y 3.

24. Ibid., Arts. 4 y 5.

25. Ibid., Arts. 6 y 7.

26. Ver Cultura, para que vivamos mejor, op. cit., pp. 25-26.

27. DUUSDC, Art. 8.

28. Ibid., Art. 9.

29. Ibid.

30. Seguidores de alguna manera de la postura oficial de la UNESCO son autores como Ernesto Piedras y Néstor García Canclini, quienes recién publicaron el libro Las industrias culturales y el desarrollo de México, México, Siglo XXI, 2006. Según Sandra Licona (“Instan a vincular economía y cultura”, El Universal, Cultura, México, p.1), sus tesis principales en este libro son “1. Reconocer la rama económica de la Cultura, 2. Replantear el maniqueísmo entre estatistas y mercantilistas, haciendo intervenir a una tercera posición: la sociedad, y 3. Organizar las industrias culturales no sólo como negocio sino también como servicio”. 

31. DUUSDC, Art. 10.

32. Ibid., Art. 11.

33. Ibid., Art. 12.

34. UNESCO, “La Alianza Global para la Diversidad Cultural organiza una Conferencia Internacional sobre el Desarrollo de Industrias Culturales”, París, 3 de junio de 2005.

35. Cultura, para que vivamos mejor, op. cit., p. 26.

36. Ibid.,  p. 13.

37. El mejor ejemplo lo tenemos en México con las reformas constitucionales aprobadas por un grupo de ochenta legisladores neoliberales del Partido Revolucionario Institucional, PRI (37), PAN (38), Partido Verde Ecologista de México, PVEM (4) y Partido de la Revolución Democrática, PRD (1) el 27 de abril de 2006, quienes, sin discusión de por medio, pusieron las bases para que las entidades locales puedan tener ingerencia directa en la administración del patrimonio cultural material. Esto, de aprobarse en la Cámara de Diputados y en 16 legislaturas locales estaría dando al traste con el carácter federal de la legislación vigente en la materia. Ver Dr. Iván Franco C. (responsable), Desplegado contra las reformas constitucionales, Delegación D-II-IA-1, Milenio Diario, 1 de septiembre de 2006, p. 15.

38. Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México), octubre de 2005, pp. 114-119.

39. Ramiro Flores, op. cit. Como son los casos de la Iniciativa foxista de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura (Ley Bermúdez) y sus sucesivos “clones”.