Arqueólogos vs. coleccionistas:
Ley Federal sobre Monumentos de 1972

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos constituye un hito en la historia de la protección de los bienes culturales en México; esta legislación no sólo ha sido la primera y única en ser debatida públicamente antes de ser aprobada, sino que también representa el último tête à tête que tuvieron los coleccionistas y los antropólogos para decidir qué bando tomaría el control definitivo de los bienes arqueológicos. Este breve artículo tiene como objeto presentar como se dirimió la discusión entre estos dos grupos y cuál fue el resultado que arrojó antes de que la iniciativa de ley entrara a ser discutida en la Cámara de Diputados.

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ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ • HISTORIADOR
Universidad Iberoamericana, México
albherna@hotmail.com

Antecedentes(1)

La discusión que se desató entre los coleccionistas y los antropólogos en torno a la Ley Federal sobre Monumentos de 1972 tiene como antecedente directo la Ley Federal del Patrimonio Cultural,(2) que había sido aprobada el 19 de diciembre de 1968. Este código despertó una gran preocupación entre la comunidad de coleccionistas en México –poseedores de piezas arqueológicas y obras de arte–, pues facultaba al Gobierno Federal para expropiar, asegurar u ocupar bienes culturales de particulares, bajo condiciones poco claras y confusas.

Ante esta situación, la Secretaría de la Presidencia de la República decidió evaluar dicha legislación y creó un grupo de trabajo encabezado por José López Portillo, Bernardo Sepúlveda Amor y Enrique Loaeza Tovar. Los miembros consultivos de ese equipo fueron Horacio Quiñónez, Raúl Cacho, Mario Pani, Enrique de la Mora, José Reyes Meza, Jorge L. Tamayo, Daniel Rubín de la Borbolla, Manuel Porrúa, Josué Sáenz, Ricardo Hecht, Ignacio Rubio Mañé, Jesús A. Arroyo Moreno y Luis Ortiz Macedo.(3)

Luego de reunirse durante año y medio, el grupo recomendó la publicación de la Ley Federal del Patrimonio Cultural en el Diario Oficial de la Federación, con la condición de que se trabajara en nuevo proyecto de ley. Así, pues, se tomó la determinación de presentar el 21 de diciembre de 1971, ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa de Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos, Históricos y Zonas Monumentales.(4)

El debate del Salón Verde

La Comisión de Desarrollo Educativo de la Cámara de Diputados decidió que la iniciativa de ley no fuera debatida y comentada sólo por los miembros de la misma, sino que la opinión pública debía participar mediante una discusión abierta. Fue así como se contó con la participación de diversos sectores de la sociedad civil, principalmente aquellos que estaban involucrados con el estudio y recolección de bienes culturales. Esta discusión se realizó a través de cuatro audiencias públicas entre el 22 y el 29 de marzo de 1972.(5)

La Comisión de Desarrollo Educativo estaba presidida por el diputado Alejandro Peraza Uribe, quien fue auxiliado por los diputados Óscar Hammeken G., José Luis Alonso Sandoval, Ramiro González Casales, Bernardo Bátiz Vázquez, Maximiliano León Murillo, Adbón Ortiz Cruz, Orlando Valencia Moguel, Agapito Hernández Hernández, Carlos Osorio Aguilar, Diamantina Reyes Esparza, Ramiro Robledo Treviño, Manuel Origel Salazar, Luciano Arenas Ochoa, Frida Pabello de Mazzotti, Octavio Cal y Mayor, Jesús Arroyo y Guillermo Ruiz Vázquez.(6)

El miércoles 22 de marzo iniciaron las sesiones en el Salón Verde de la Cámara de Diputados.(7) Entre los asistentes se encontraban Luis Carral y de Teresa, Alfonso Ramírez Horta, Josué Sáenz (delegados de la Asociación Nacional de Coleccionistas) y Julio César Olivé Negrete (representante de la Asociación Mexicana de Antropólogos Profesionales), quienes atrajeron los reflectores; también estuvieron representadas las comisiones de Antropología del Consejo Técnico de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y la de la Sociedad Mexicana de Antropología del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La discusión entre la Asociación Nacional de Coleccionistas y la Asociación Mexicana de Antropólogos Profesionales (AMAP) comenzó cuando los primeros pidieron que se respetara la tenencia de sus colecciones, que la nueva ley no fuera retroactiva y que se permitiera la exportación de piezas que fueran consideradas como no insustituibles y no irremplazables; para ello, propusieron una posible tipificación de piezas arqueológicas.(8) Por su parte, Josué Sáenz pidió a la comisión encargada de las audiencias que estudiara los documentos emanados del grupo de trabajo creado para estudiar la Ley Federal del Patrimonio Cultural.

Ante tales argumentos, Julio César Olivé Negrete exigió la prohibición para que los coleccionistas exportaran bienes arqueológicos e insistió en la necesidad de considerarlos como propiedad nacional. También afirmó que, al no existir un registro de todos los coleccionistas que poseían piezas arqueológicas, se podía hacer una legislación que fuera retroactiva y que los regresara a manos de la nación. En su exposición, Olivé dijo que por desgracia los antropólogos, arqueólogos y demás personas dedicadas profesionalmente al cuidado del patrimonio no habían participado en las discusiones legislativas, para lo que dio como ejemplo el no haber participado de la comisión de la que hacía mención Josué Sáenz;(9) con esto abrió una discusión que estaría presente en las subsecuentes reuniones. A pesar de las posturas encontradas, ambas partes estuvieron de acuerdo en que el saqueo de piezas arqueológicas era un problema evidente que debía solucionarse.

El meollo de la controversia desatada entre antropólogos y coleccionistas era la incompatibilidad de intereses de ambas partes, más allá de que realmente hicieran propuestas que beneficiaran a la colectividad y al patrimonio cultural. Los coleccionistas no estaban dispuestos a perder, bajo ninguna circunstancia, la propiedad de sus joyas arqueológicas; pero estos bienes, a ojos de los arqueólogos y antropólogos, debían estar en manos de “La Nación”, o mejor dicho, en manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Sí la Ley Federal del Patrimonio Cultural de 1970 había exacerbado la disputa directa por los bienes arqueológicos entre ambas partes, con el perjuicio de los coleccionistas, y éstos habían tratado de sacar ventaja en la revisión que se hizo a la ley, ahora con esta nueva iniciativa ambos tratarían de salir victoriosos.

El viernes 24 de marzo de 1972, al llevarse a cabo la siguiente reunión,(10) ésta se convirtió en un “circo de dos pistas”. El “show” se lo llevó Julio Cabrera Ruiz, quién expuso una singular apología de sí mismo; narró sus aventuras como “investigador de saqueos arqueológicos” y lanzó acusaciones en contra de Alfonso Caso, Ignacio Bernal, Román Piña Chan, R. Venegas Arroyo de Honda, Rubín de la Borbolla, Raúl P. Abreu y Jorge Enciso.

Junto con Cabrera Ruiz, asistieron al recinto legislativo David Alfaro Siqueiros, Julio César Olivé, Luis Ortiz Macedo (director del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura), Guillermo Bonfil Batalla (director del INAH), Constantino Rábago (director de la Academia de Ciencias y Artes), Raquel Tibol y Jaime Litvak King (secretario de la Sociedad Mexicana de Antropología).

Fue Litvak quién retomó el punto del saqueo y planteó algunas sugerencias para combatirlo: a) considerar al saqueo arqueológico como un robo a la nación, dando un real valor a las piezas sustraídas, para así elevar las penas; b) crear un registro nacional de colecciones privadas para obligar a sus propietarios a exhibirlas públicamente; c) la posibilidad de tasar la tenencia y transferencia de bienes arqueológicos; d) promover una campaña nacional vía municipios para responsabilizar a las autoridades del mantenimiento de las zonas arqueológicas, previniendo al gobierno que cuando realice obras públicas tenga el cuidado de no destruir tesoros arqueológicos y que evite que las piezas que se pudiera encontrar sean traficadas por los contratistas, y e) evitar que los campesinos se conviertan en traficantes arqueológicos. Constantino Rábago secundó a Litvak en lo referente a la campaña de concientización, con el argumento de que el propio pueblo es el mejor vigilante.

Para la audiencia del lunes 27 de marzo(11) varios investigadores salieron en defensa de los agraviados en la reunión anterior y arremetieron fuertemente contra de Julio Cabrera Ruiz, quién fue tachado de “enfermo mental sin autoridad moral ni representación alguna y además con antecedentes penales”. Los concurrentes en aquella ocasión fueron nuevamente Olivé Negrete y Litvak King, los cuales estuvieron acompañados por Amalia Cardoz Domingues; Noemí Castillo Tejero; Mario Collignon, coleccionista de Guadalajara; Daniel Rubín de la Borbolla, Enrique Nalda, además de los pintores David Alfaro Siqueiros y José Luis Cuevas.

Cardoz Domingues y Castillo Tejero lanzaron un virulento ataque a los coleccionistas. La primera argumentó que los intereses de la nación estaban por encima de los de particulares en materia de bienes arqueológicos y que, más que la expropiación o la indemnización, lo que procedía era el decomiso de las piezas, pues la nación no tenía que pagar por algo que le pertenece legalmente; también pidió que el nuevo ordenamiento debería prohibir la propiedad particular de bienes arqueológicos. En el mismo tenor, Noemí Castillo recalcó que la sustracción de dichos bienes a manos de particulares debería ser considerado un hurto a la nación y solicitó que el ejército mexicano le brindara al INAH toda la ayuda posible para cuidar zonas arqueológicas, combatir el saqueo y para hacer trabajos de exploración y restauración de los monumentos arqueológicos bajo la supervisión de ese instituto.

Mario Collignon, en un tono mucho más mesurado, retomó la preocupación de los anticuarios y coleccionistas; propuso que se controlara y se llevara un registro de quienes se dedicaran a estas actividades. José Luis Cuevas arremetió contra aquellos que acusaban a los coleccionistas e investigadores y habló de que se respiraba un “tufillo nazifacista”. En lo referente a los monumentos artísticos, criticó el hecho de que no se permitiera a los creadores vender sus obras y que no se hiciera nada en contra de la falsificación. Siqueiros concluyó al pedir que en la nueva legislación se incluyera un artículo que protegiera al muralismo mexicano, tanto de la mutilación como de otros muchos aspectos que terminan por afectar dichas obras.

La última sesión se realizó el miércoles 29 de marzo de 1972,(12) teniendo como ponentes a Gonzalo Aguirre Beltrán (subsecretario de la Secretaría de Educación Pública, SEP), Ramón Bonfil (presidente de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Restauradores, A.C.) Benjamín Flores Barrueta (presidente de la Barra de Abogados), Jorge Williams (quien representaba al Museo de Antropología de Jalapa, Veracruz), Román Piña Chan (presidente de la Sociedad Mexicana de Arqueólogos), José Nito Gómez, Alfonso Ramírez Horta y Luis Ortiz Macedo.

La intervención de Aguirre Beltrán fue de tal contundencia, que significó la puntilla para las aspiraciones de los coleccionistas y sirvió como espaldarazo para la postura sostenida por los antropólogos y arqueólogos. Primero, comenzó con la defensa a los investigadores que habían sido atacados días atrás y, después, desestimó la posición de los coleccionistas e insinuó que gracias al coleccionismo existía el comercio ilegal y tráfico de piezas arqueológicas; también dijo que éstos sólo se preocupaban del aspecto artístico de las piezas y que debido al traslado de las mismas fuera de su lugar de origen el trabajo in situ del arqueólogo se echaba a perder. Pero lo más significativo de su conferencia fue cuando afirmó que el principio de la identidad nacional estaba contenido en los bienes arqueológicos, pues en ellos se encontraba “la herencia cultural que recibimos del componente indígena de nuestra nacionalidad y que estos bienes contribuyen, como símbolos de la identidad nacional a formar la conciencia nacional, dar cohesión y sentido de patria al grupo de hombres, mujeres y niños que constituimos la nación mexicana”. Para finalizar, apuntó que dichos bienes, por ser símbolos de la identidad nacional, eran de propiedad exclusiva de la nación, por su carácter de implementos que conforman al valor de la patria, el cual es el más eminente y excelso de los valores que un mexicano podía poseer. Con lo anterior, Aguirre Beltrán estaba “dando la bendición” al INAH para poder tomar a su cargo el patrimonio arqueológico de México.(13)

En las demás exposiciones Ramón Bonfil insistió en la necesidad de proteger a las zonas de belleza natural y las que contuvieran inmuebles con arquitectura popular. Alfonso Ramírez Horta pidió que se hiciera a la población más consciente de este tema a partir de campañas publicitarias. Finalmente, para Luis Ortiz Macedo, la protección del patrimonio del país era una labor conjunta de todos los organismos de gobierno.

Conclusión

Tras haberse llevado a cabo las consultas y discusiones de la iniciativa, la controversia por definir la posesión de los bienes arqueológicos (que resultó para los medios escritos como la más visible) había quedado prácticamente dirimida. Aunque los coleccionistas habían dado batalla, al mostrar propuestas interesantes y metiéndose de lleno a la discusión, las instancias de gobierno habían ya tomado partido por la postura enarbolada por los antropólogos y arqueólogos.

Fue así como la posición del Gobierno Federal, apelando a una figura de gran talla como lo era Gonzalo Aguirre Beltrán, fue más que clara: los bienes arqueológicos son propiedad de la nación, por lo tanto debían quedar bajo su tutela y protección. Esto abría la puerta para que en la nueva legislación se allanara el camino a los organismos estatales competentes para administrar a los bienes arqueológicos, tal y como quedó finalmente plasmado, cuando se le dieron todas la atribuciones al INAH para hacerse cargo de ellos.

Notas
 
1. Agradezco a la Dra. Ana Garduño por su invitación a colaborar en Discurso Visual a través de este artículo.

2. Esta ley puede consultarse en Alejandro Gertz Manero, La defensa jurídica y social del patrimonio cultural, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, pp. 131-155.

3. Todos los documentos relacionados con este grupo de trabajo se encuentran en el Archivo General de la Nación, Ramo Presidentes, Grupo documental: Luis Echeverría, Caja 733, Exp. Patrimonio cultural.

4. Diario de debates de la Cámara de Diputados, XLVIII Legislatura, martes 21 de diciembre de 1971.

5. Hasta donde tengo conocimientos, sé que existe (o existió) una memoria de estas audiencias. Tuve la oportunidad de acceder sólo a unos fragmentos de la primer audiencia, gracias a que el profesor Bolfy Cottom me proporcionó transcripciones de este primer encuentro; desgraciadamente no he podido encontrar la memoria completa. Al momento de hacer esta investigación me encontré con que, en la propia Biblioteca de la Cámara de Diputados, no cuentan con ningún ejemplar de dicho documento. Asimismo, me fue casi imposible localizar a alguno de los participantes de dichas reuniones; sólo pude tener contacto con Alejandro Peralta Uribe, quien en un principio accedió a una entrevista, pero posteriormente se negó a dármela.

6. Los diputados se fueron intercalando en distintas reuniones.

7. El Universal, jueves 23 de marzo de 1972, primera sección, p. 12. El Día, jueves 23 de marzo de 1972, p. 11.

8. Transcripción de la “Audiencia Pública en relación con la iniciativa de Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos y Zonas Monumentales”, rollos 1–11.

9. Ibid., rollos 15–17.

10. El Universal, sábado 25 de marzo de 1972, primera sección, pp. 1, 13. El Día, sábado 25 de marzo de 1972, p. 3.

11. El Universal, martes 28 de marzo de 1972, primera sección, pp. 1, 7. El Día, martes 28 de marzo de 1972, pp. 1, 3.

12. El Universal, jueves 30 de marzo de 1972, primera sección, p. 14. El Día, jueves 30 de marzo de 1972, pp. 1, 3.